Integrantes de la agrupación Vecinos Unidos pidieron a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dictaminar en negativo todos los cambios de uso de suelo promovidos mediante el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, a fin de impedir que en estos casos se aplique la afirmativa ficta, la cual permite que después de un periodo de tiempo, si las solicitudes no son resueltas por el órgano legislativo, se dan por aprobadas.

Los representantes vecinales aseguraron que han tenido acceso a los predios enlistados y comprobaron que los cambios de uso de suelo contravienen los establecidos en los programas delegacionales de desarrollo urbano y la vocación habitacional de las colonias, especialmente en Miguel Hidalgo, Coyoacán y Benito Juárez, ya que se trata de establecimientos mercantiles, edificios con más niveles de los permitidos y viviendas extremadamente reducidas.

A este reclamo vecinal se sumó el diputado electo de Morena por el distrito 12, Alfonso Suárez del Real, quien exigió al presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda de la ALDF, Carlos Hernández Mirón, no aprobar favorablemente ningún cambio de uso de suelo solicitado mediante el artículo 41.

El futuro legislador consideró que esa disposición legislativa es lesiva y distorsiona el espíritu del programa de desarrollo urbano del Distrito Federal, ya que sólo se ha convertido en un nicho de oportunidades para los desarrolladores inmobiliarios.

Ante ello, se comprometió a realizar cambios en la ley en la materia para incluir la derogación del artículo 41, tal y como lo piden los vecinos de distintas delegaciones, y reorientar todas aquellas disposiciones que generan la expulsión de los pobladores nativos de sus barrios y colonias.

Suárez del Real aseguró que se buscará conciliar los términos de desarrollo urbano y sustentabilidad, así como promover la coordinación de acciones con base en una política de participación social.

El diputado electo participó ayer en una conferencia con vecinos de la Condesa y militantes de Morena, quienes exigieron al Gobierno del Distrito Federal instalar una mesa de trabajo para conocer el motivo del reinicio de la labores en el predio de Pachuca número 2, cuyo cambio de uso de suelo fue publicado en la Gaceta Oficial sin que se aprobara en el pleno de la Asamblea Legislativa.

Enrique de la Rosa Luna Parra, residente de la zona, explicó que hace unos días en el lugar se colocaron sellos de suspensión de actividades, pero nada se ha dicho de quién fue el responsable de alterar la documentación oficial y cuáles fueron las sanciones.

Se debe investigar el delito que quedó encerrado entre el gobierno capitalino y la Asamblea Legislativa, porque no se puede solapar este tipo de irregularidades, apuntó.