a presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, refrendó ayer la decisión de su gobierno de no pagar la deuda que reclaman los llamados fondos buitre, tenedores de bonos de deuda del país austral que no aceptaron los términos en los que el débito fue renegociado en 2005 y 2010.
Debe recordarse que Argentina alcanzó, en esos años, acuerdos con la gran mayoría de sus acreedores para restructurar los pasivos externos y en ese proceso logró importantes reducciones de los montos a pagar. En ese entonces algunos especuladores internacionales compraron una pequeña fracción de los títulos de deuda al 10 por ciento de su valor, para posteriormente desconocer las renegociaciones y se acogieron a instancias judiciales estadunidenses para exigir a Buenos Aires el pago de 100 por ciento del valor nominal de tales bonos, unos mil 300 millones de dólares.
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, por su parte, tomó partido y decidió proteger a una porción minoritaria de acreedores de Argentina; sumó con ello un factor de inestabilidad a la economía mundial por cuanto puso a la nación rioplatense en un virtual incumplimiento de pagos –si bien en esta ocasión no se debe a la falta de recursos, sino a una decisión judicial– y sentó, de paso, un precedente nefasto para la definitividad de las restructuraciones de deuda externa de naciones soberanas.
Es significativo que el pronunciamiento de la mandataria argentina se dé unos días antes de que los ministros europeos se reúnan para decidir sobre el futuro de Grecia, cuyo gobierno, encabezado por el primer ministro Alexis Tsipras, de la coalición de izquierda Syriza, ha rechazado adoptar medidas que impliquen mayor sacrificio para la población –como lo exige la troika europea– y pugna en cambio por un proceso de restructura que le resulte favorable como alternativa para no incurrir en una suspensión de pagos.
Aunque la postura de Grecia resulta sumamente atendible, pues representa una opción para hacer frente a sus compromisos sin tener que causar más sufrimiento a su población, las autoridades económicas y financieras del viejo continente han mostrado una postura irreductible y peligrosa en la medida en que podría forzar la salida de la nación helénica de la zona euro y provocar una corrida especulativa contra esa divisa que afectaría al conjunto de las naciones europeas.
Los casos griego y argentino tienen elementos en común, empezando por el hecho de que la nación mediterránea atraviesa una situación análoga a la que vivió Argentina hace más de una década, cuando el gobierno de Néstor Kirchner restructuró la deuda y puso fin a la dependencia de ese país respecto del Fondo Monetario Internacional. La diferencia es que Grecia debe enfrentar, además de la presión de especuladores y organismos financieros internacionales, el chantaje de los gobiernos de otros países europeos, como la poderosa Alemania, con los que comparte una divisa común, con toda la dependencia que ello implica.
Pero, sobre todo, es posible ver en ambos casos las dificultades que enfrentan los gobiernos para mantener la soberanía de sus países frente a las presiones de poderes fácticos que buscan imponer sus criterios y decisiones económicas de manera indebida: la justicia estadunidense y los fondos buitre en el caso de Argentina, la troika europea en el caso de Grecia.
A pesar de las vicisitudes mencionadas, o justamente para sentar precedentes que permitan evitarlas en el futuro, es deseable que los gobiernos griego y argentino logren avanzar en la búsqueda de alternativas que les permitan atender los compromisos ineludibles de una economía global y recuperar, al mismo tiempo, una porción de la soberanía económica que les ha sido arrebatada a sus respectivas poblaciones como consecuencia del modelo neoliberal imperante.
