El quinto tribunal colegiado en materia administrativa determinó que la empresa MVS actuó de mala fe al promover un recurso legal para que el caso de Carmen Aristegui fuera transferido a un juzgado distinto al que encabeza Fernando Silva García.

De acuerdo con la sentencia emitida en torno a la recusación planteada por los abogados de MVS dentro del juicio de amparo 672/2015, los argumentos de la compañía fueron simples afirmaciones carentes de sustento, por lo que las pruebas documentales, únicas que fueron admitidas y desahogadas en el presente asunto por su propia y especial naturaleza, no tienen valor probatorio.

En la resolución, los magistrados María Elena Rosas López, Pablo Domínguez Peregrina y Marco Antonio Monroy Gálvez señalan que los argumentos de MVS únicamente se sustentaron en artículos periodísticos.

Por ello establecen que al no haberse probado la real existencia de un vínculo de amistad entre el juez federal (Fernando Silva García) y el defensor de la quejosa (Javier Quijano Baz), lo que conforme a derecho procede es declarar inflada la ecuación planteada, lo que genera el efecto de inmediato consistente en que el juez octavo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, siga conociendo el asunto.

Señala que la parte recusante actuó de mala fe al imputar al funcionario judicial una conducta parcial, originada por un supuesto interés personal y una amistad estrecha con el abogado defensor de la quejosa, circunstancia que jamás fue negada categóricamente por el juez octavo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal.