En la peor crisis de derechos humanos que vive el país en décadas, la práctica de la tortura no sólo es generalizada y sistemática, sino incluso pareciera estar legalizada y permitida para todos los cuerpos policiales y el Ejército. Además, la gran impunidad que se ha dado en los hechos para castigar estas agresiones representa un permiso o autorización a los perpetradores.

Para Adrián Ramírez López y María Isabel Mazo Duarte –de los pocos peritos que en México aplican el protocolo de Estambul, manual adoptado por la Organización de Naciones Unidas para la investigación y documentación integral de casos de tortura y otros tratos o penas crueles–, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se ha convertido prácticamente en una carta abierta para la violación de los derechos humanos, mientras las corporaciones policiacas cuentan con el andamiaje estructural y los recursos necesarios para cometer esta clase de actos de barbarie.

En entrevista con La Jornada, los peritos señalaron con preocupación que las afirmaciones del relator de Naciones Unidas sobre tortura, Juan E. Méndez, en su más reciente informe sobre México, de que esta práctica es generalizada se quedó corta, pues estas violaciones son sistemáticas, cometidas esencialmente al amparo de la mencionada ley, que permite la figura del arraigo, en abierta oposición a lo que establecen los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Ramírez López, médico de profesión, maestro en ciencias en atención integral de salud y presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, señaló que esta situación también se debe a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Ejército puede realizar labores de los cuerpos policiacos.

En tanto, Mazo Duarte, maestra en sicología con varios años de trabajo en temas de tortura y atención, aseveró que en todos los casos investigados, muchos de ellos para presentarlos ante instancias penales, se han documentado perfectamente los tormentos a que son sometidos los detenidos.

Advirtió que la tortura no es algo casual que se le ocurra al investigador, sino una estrategia totalmente planeada, premeditada, pues los cuerpos policiacos disponen de camionetas adaptadas para practicarla. También cuentan con las bolsas de plástico para causar asfixia, los instrumentos para violar a hombres y mujeres y aplicar choques de corriente eléctrica, así como todo el andamiaje institucional que les proporciona tales herramientas, además de lugares clandestinos.

Señaló que el peritaje de tortura debe ser integral, pues ésta no daña sólo por partes, sino que afecta a la persona de manera total. El hecho de sofocar a una persona hasta causarle casi la asfixia no afecta sólo las vías respiratorias, sino a la persona completa, dijo. Por eso decimos que aquello de que la tortura es física o sicológica es un artificio.