Los grupos parlamentarios de PRI y PAN en la Cámara de Diputados señalaron que el gobierno federal no puede detener la evaluación magisterial, porque se trata de una obligación definida en la Constitución y en las leyes.

La víspera de la comparecencia del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet, ante la Comisión Permanente para explicar por qué se decidió aplazar el examen, el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, expuso que para el gobierno y el Congreso es compromiso llevar adelante y sin demora la reforma educativa con la más alta prioridad para el Estado.

Aun cuando la prueba se pospuso en Michoacán y Oaxaca, el legislador sostuvo que no está en duda la decisión del gobierno federal de aplicar la evaluación, porque se trata de un elemento estratégico para elevar la calidad de la educación a niños y jóvenes.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, sostuvo que la evaluación debe llevarse a cabo, sin permitir chantajes de ninguna índole de los profesores.

Expuso que Chuayffet debe aclarar por qué anunció, siete días antes de las elecciones, que la evaluación se suspendía y pasado el proceso se fijó una nueva fecha. Tiene que explicar, agregó, las razones para prestarse a negociar la ley con grupos de presión que se oponen a los procesos de evaluación.

Señaló que la reforma, aprobada al principio del actual sexenio, fue la primera gran transformación legal de la 62 Legislatura e incluye la evaluación obligatoria para el ingreso, permanencia y promoción en el servicio público docente por mandato constitucional; sin embargo, este gobierno la convirtió en una decisión opcional de carácter político, lo cual es inaceptable.

Anaya consideró insuficiente que la SEP anunciara la reposición del examen, porque el gobierno está obligado a responder a las manifestaciones en el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, y despedir a los maestros en paro por más de 30 días.

La ley por ningún motivo puede negociarse. En México no queremos una autoridad educativa que pague el salario de maestros que no se presentan en las aulas o que no tienen la capacidad para impartir clases, agregó.