n cualquier país la necesidad de una comunicación diáfana y significativa de parte de los gobernantes hacia la sociedad es una necesidad imprescindible para la gobernabilidad. Pero en México resulta asombrosa la creencia del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) de que los hechos (me refiero esta vez a la economía) se vuelven tales porque los nombra. Dice cosas inexistentes o muy remotamente reales como si fueran evidentes para todos los ciudadanos. Como la vida real de la economía no es como la nombra el Presidente, no es extraño que tantos ciudadanos se indignen porque perciben que el gobierno los engaña.

Uno de estos casos insólitos fue la expresión de EPN del pasado jueves, cuando en el estado de Hidalgo dijo que agradecía el respaldo y apoyo amplios de la sociedad a su proyecto de nación. O su aseveración de que los beneficios de las reformas estructurales ya se están sintiendo: ¿quiénes sienten qué?, uno se pregunta. Sin aportar un solo dato asegura que la sociedad está sintiendo quién sabe qué beneficios.

¿Cómo, desde una pérdida del PRI de un millón 300 mil votos el 7 de junio pasado respecto a la elección anterior, se concluye y se festeja un respaldo y apoyo amplios a su gobierno? Por el PRI votó menos de un tercio de menos de la mitad de los electores; menos de 15 por ciento de votos efectivos, ganados con los procedimientos priístas. ¿Qué tipo de amplitud de apoyo es esa?

EPN terminó su festejo de Hidalgo diciendo que lo que sigue es la final conclusión de las reformas estructurales. Sólo hay que esperar a que los beneficios que están sintiendo los mexicanos aumenten. En otras palabras, a EPN parece habérsele agotado su programa; nada parece tener para la segunda parte de su gobierno. Grave. La economía está muy lejos de estar instalada en una tendencia de crecimiento, de abatimiento de la pobreza y del hambre, de condiciones suficientes que desaten nuevos impulsos de inversión productiva, de surgimiento vigoroso de innovaciones y encadenamientos productivos, de ampliación decidida del mercado interno y mucho más. Hay mucho por hacer, y el anuncio hacendario de un próximo presupuesto base cero para 2016 debería ser un momento propiciatorio de un gran debate nacional informado, sobre cómo y cuánto recaudamos, cómo y cuánto gastamos e invertimos desde el gobierno, en lugar de dejar que el mercado haga –que no lo hará–, lo que al el Estado corresponde: dirigir e impulsar el desarrollo.

Es altamente recomendable la lectura del Memorándum (mayo, 2015), elaborado por el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo, que labora en la UNAM, y que agrupa a una veintena de investigadores y estudiosos de la economía mexicana. Un grupo plural que esta vez nos entrega un conjunto de tesis sobre las principales tendencias que prevalecen en el entorno internacional y las que se observan en la economía de México.

Más allá de los efectos que sobre la población tengan las llamadas reformas estructurales, es preciso operar en la coyuntura programas que reaviven la economía interna evitando a toda costa el riesgo de que una economía detenida, resbale hacia un estancamiento de largo plazo. El Memorándum plantea que si en efecto va romperse con la poco fructífera tradición de los presupuestos inerciales, puede abrirse la ocasión de debatir nacionalmente al menos tres grandes prioridades: consolidar los recursos para superar la pobreza y promover el desarrollo social; ampliar la inversión pública en áreas y proyectos detonadores de crecimiento y desarrollo regional, y fortalecer radicalmente la transparencia del ejercicio del gasto; conocer con oportunidad su destino, medir su eficiencia y efectividad y lograr la honestidad en su ejercicio.

Es imperioso, propone el Memorándum, superar un desempeño productivo decepcionante en relación, sobre todo, con los requerimientos de la ampliación y modernización de la infraestructura y de la planta productiva; la creación de suficientes empleos de calidad, y la superación de la pobreza. Esto es inalcanzable bajo las pautas de una política macroeconómica procíclica, como la que ha estado vigente. No es admisible, dice el Memorándum, que los ingresos de la mayor parte de la población, reflejados en la masa salarial y en otros indicadores, aún sean inferiores en valores reales a los que existían antes de la gran recesión.

El grupo llama a reconstruir un acuerdo social y político para avanzar a un nuevo ciclo de pacto fiscal que permita incrementos adicionales de la recaudación y una mayor holgura en el presupuesto público, superando así el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, anunciado en febrero de 2014, que en los hechos reduce el margen de acción y la flexibilidad de la política económica, congela la estructura tributaria y disminuye los niveles de gasto.

Un acento especial se pone en la puesta en marcha de los programas e instrumentos previstos en la nueva legislación sobre productividad y política industrial, e incentivar los encadenamientos nacionales asociados a las exportaciones en general y a las áreas vinculadas a las reformas energéticas, manteniendo un tipo de cambio competitivo.

Las numerosas propuestas terminan con un “llamado a deliberar sobre la necesidad de superar la circunstancia actual de desaliento e irritación social, de tan baja credibilidad y confianza en las instituciones, por medio de acuerdos sociales que generen un mejor horizonte para la mayoría de la población y hagan posible un crecimiento con equidad…”