Peritajes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) revelan que de las 22 personas que fueron abatidas por elementos del Ejército el 30 junio de 2014, dentro de una bodega en el municipio mexiquense de Tlatlaya, 11 fueron prácticamente fusiladas, otras cinco murieron realizando ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares.

En los documentos se da cuenta de que estaban descargadas (desabastecidas) las armas de tres víctimas, a las que en las primeras investigaciones se les señalaba como participantes en el enfrentamiento con los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los estudios forenses –con los cuales la PGR sustentó las acusaciones de homicidio en contra de tres soldados en agravio de nueve de las 22 víctimas– indican que los militares también utilizaron en estos hechos un fusil al que le borraron la matrícula y otra arma de la cual no se precisó su origen.

Los militares –siempre con base en los estudios– realizaron al menos 160 disparos y las víctimas 12. Los soldados impactaron 60 balas, todas en la zona torácica de los presuntos delincuentes. El reporte refiere que tres balas lesionaron a un miembro del Ejército, y para el estudio forense se analizaron las huellas de los impactos en un chaleco antibalas.

La Jornada obtuvo copia de los peritajes mediante una solicitud de información pública y en ella se documenta que algunos militares dispararon a corta distancia a varias de las víctimas y los casquillos de los cartuchos percutidos quedaron a escasos 70 centímetros de los cadáveres, lo que confirmaría las versiones que aparecieron después en ese sentido y la descripción que peritos dieron de las fotografías que se publicaron en este diario el 26 de septiembre de 2014.

El año pasado, una de las tres mujeres que sobrevivieron a lo sucedido en la bodega reveló que sólo uno de los hombres fue abatido en enfrentamiento y los demás se entregaron, fueron interrogados y luego privados de la vida. Hoy, las tres mujeres son testigos protegidos. Los resultados forenses difieren diametralmente de la versión que el día de los hechos difundió la Sedena por medio de un comunicado de prensa y que a la letra menciona:

‘‘A las 05:30 horas del 30 de junio de 2014, personal militar perteneciente al 102/o. Batallón de Infantería adscrito a la 22/a. Zona Militar, al realizar reconocimientos terrestres, a inmediaciones del poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, México, ubicó una bodega que se encontraba custodiada por personas armadas, mismas que al percatarse de la presencia de las tropas abrieron fuego, por lo que el personal castrense repelió dicha agresión.

‘‘Con motivo de estos hechos, resultó herido un soldado y fallecieron 22 presuntos agresores (21 hombres y una mujer), se aseguraron en el lugar 25 armas largas (16 fusiles Ak-47 calibre 7.62X39 mm., 6 fusiles AR-15 calibre 0.223, un fusil marca Calico y dos escopetas calibres 12 y 0.22); 13 armas cortas (cuatro calibre 9 mm., tres calibre 0.45, cuatro calibre 0.38 súper, una calibre 0.22 y un revólver calibre 0.38 especial); una granada de fragmentación, 112 cargadores, así como cartuchos de diversos calibres.

‘‘En este evento se liberaron a tres mujeres, quienes manifestaron estar secuestradas; las cuales fueron puestas a disposición de las autoridades correspondientes en calidad de presentadas; asimismo, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación el armamento y municiones aseguradas.’’

También contradicen lo dicho el 17 de julio de 2014 por el procurador mexiquense, Alejandro Jaime Gómez Sáchez, sobre que ‘‘en las diligencias practicadas, no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación’’.

De acuerdo con lo asentado en los reportes, a las 11 horas del 30 de junio, personal de la PGJEM solicitó que se trasladara a Tlatlaya personal del Instituto de Servicios Periciales. Los especialistas recorrieron 64 kilómetros, pues se encontraban en la delegación de Tejupilco.

Tardío traslado

Los peritos llegaron cinco horas y media después de ocurridos los hechos. ‘‘Nos trasladamos al lugar de investigación, para realizar nuestra inspección Técnica Criminalística, por el delito de homicidio, en agravio de 21 sujetos del sexo masculino y uno del sexo femenino, todos ellos de identidades desconocidas’’.

El antecedente de lo sucedido ‘‘nos fue referido por (un) coronel (,) que se dio un enfrentamiento entre un grupo delictivo y el Ejército Mexicano’’.

Señalaron que el sitio de los hechos ‘‘corresponde a la carretera Los Cuervos-Arcelia, tramo San Pedro Limón, San Antonio del Rosario, entre las comunidades de Higo Prieto y Ancón de los Curieles, municipio de Tlatlaya. ‘‘Al momento de nuestra intervención, siendo las 12:30 horas, prevalecía cielo despejado, clima cálido y buena visibilidad’’.

Los peritos procedieron a dar ‘‘protección al lugar’’, colocar cintas amarillas que impidieran el paso de personas ajenas, señalizar los cuerpos y su posición, los casquillos y armas, para luego ‘‘fijar’’ (fotografiaron) el lugar, colectaron indicios y trasladaron los restos humanos al Servicio Médico Forense en Toluca.

Los resultados de los peritajes determinaron que las lesiones que provocaron el fallecimiento a las víctimas, cuyos cuerpos fueron marcados con los números 1, 2, 5, 11 y 17, les fueron inferidas ‘‘al momento de realizar maniobras instintivas de defensa’’, sin realizar ninguna otra acción.

La conjunción de los peritajes entregados por la PGR en días pasados, y las fotografías obtenidas en septiembre de 2014, muestran que las víctimas identificadas con los números 3, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 prácticamente fueron fusiladas.

Esta es la descripción pericial, la cual no menciona de manera directa que las víctimas fueron colocadas contra la pared antes de que les dispararan: “Por el tipo y características de las lesiones observadas en el cadáver (…) se determina que éstas le fueron producidas al tener contacto con una superficie de consistencia dura y áspera’’.

Otros cinco fueron abatidos cuando ‘‘trataban de realizar maniobras instintivas de defensa’’, es decir, cubrirse con manos y piernas de los disparos. El resto, según los peritajes, fueron blanco de los tiros de los soldados porque no estaban totalmente ocultos.

Esta es la descripción pericial de las víctimas identificadas con los números 4, 6, 7, 13 y 14: ‘‘Tomando en cuenta la ubicación anatómica de los orificios de entrada observados en el cuerpo (…) se determina que éste presentó (…) planos anatómicos de su cuerpo al momento de producirse los disparos’’.

En las conclusiones de los estudios de criminología de la PGR se determina que las víctimas que fueron abatidas por los militares, sin que mediara enfrentamiento, fueron las identificadas con los números 1, 3, 7, 10, 16, 17, 18, 21 y 22.

Lo anterior, con base en ‘‘estudio microcomparativo realizado en el presente dictamen y las balas ‘testigo’ obtenidas de la prueba de disparo realizada a las armas de fuego relacionadas con la AP PGR/SEIDO/UEITA/117/2014”. En contra de siete de los nueve mencionados, los militares utilizaron dos armas de cargo: una carabina calibre .223, marca DPM, modelo 15, fabricada en Estados Unidos, y un fusil marca Arsenal, modelo SLR-100H fabricado en Bulgaria, calibre 7.62; una carabina calibre .223, marca Colt, modelo AR-15 Target, fabricada en Estados Unidos, abrió fuego contra una de las personas, y contra la víctima número 22 se usó un arma no identificada, cuyo calibre era .223.

Asimismo, los peritajes contradicen los señalamientos del procurador mexiquense de Justicia en cuanto a que ‘‘el intercambio de disparos resultó proporcional’’ entre los militares y las víctimas que fueron señaladas como presuntas integrantes de un grupo delictivo.

Los estudios forenses realizados por la Procuraduría General de Justicia mexiquense dan cuenta de que en la parte externa de la bodega se localizaron 41 cartuchos, todos ‘‘del calibre 7.62, de la marca ‘FC’, de latón”, que, según los documentos, corresponden a los disparados por los militares.

Dentro de la bodega donde se encontraban los presuntos delincuentes, los peritos recogieron 16 casquillos, cuatro de ellos calibre 7.62, con la marca ‘FC’ con la que identificaron los cartuchos utilizados por los militares. Otros 12 presuntamente correspondían a las armas que poseían las víctimas.

En los cuerpos de los occisos había 60 orificios de entrada. La camioneta que utilizaban los soldados presentaba 20 impactos. En los vehículos estacionados dentro de la bodega, que supuestamente estaban en poder de las víctimas, impactaron 55 tiros. En las paredes de la bodega, 48.

Sin embargo, en toda el área donde se supone que se dio un enfrentamiento, solamente se recogieron 57 cartuchos (fundas de bala), 45 con la marca ‘FC’, 12 con otras leyendas.