Chilpancingo, Gro.

Integrantes de la Policía Comunitaria, activistas y ciudadanos protestaron ayer frente a la sede de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), en rechazo a la propuesta de ley de amnistía que presentó el gobernador Rogelio Ortega al Congreso local, porque a su ver deja fuera a 11 presos políticos que enfrentan delitos federales.

Entrevistada durante la protesta, la activista Roberta Campos explicó que la propuesta del gobierno estatal no incluye la aminstía por la comisión de delitos federales, algunos de los cuales se les imputan a 11 integrantes de la Policía Comunitaria, entre ellos a sus dirigentes, Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos, así como al líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, Marco Antonio Suástegui, quienes no serían contemplados.

Indicó que con la movilización se pretendió pedir al titular de la Coddehum, Ramón Navarrete, que haga una recomendación al gobierno del estado para que en este proceso se logre la libertad de los presos políticos.

Afirmó que la administración estatal pretende una ruta jurídica a modo, sin la participación de los familiares de los presos políticos ni de representantes de organizaciones no gubernamentales.

Campos dio a conocer que más de 60 presos políticos podrían incluirse en la ley de amnistía, pero en la propuesta del gobierno no se contempla para los supuestos delitos federales que cometieron los compañeros, que más bien se les fabricaron, como en los casos de Gonzalo Molina, que tiene siete averiguaciones, y de Nestora Salgado, a quien le acaban de imputar otros dos además de las que ya enfrentaba.

Fabrican delitos

Posteriormente, ciudadanos que dijeron ser coordinadores de seis casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) aseguraron en conferencia de prensa que existe línea desde la Federación, en coordinación con la fiscalía del estado, para fabricar delitos y encarcelar a activistas, líderes y autoridades comunitarias.

Encabezados por Cirino Plácido, uno de los fundadores de la Policía Comunitaria, los coordinadores acusaron a su ex dirigente Pablo Guzmán, hoy asesor del gobierno del estado, y al asesor jurídico Valentín Hernández, de pactar el desmantelamiento de la CRAC-PC. El costo de lo anterior fue la entrega de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos y Marco Antonio Suástegui, y el desmantelamiento de la casa de justicia de El Paraíso, en Ayutla de los Libres, concluyeron.