Víctor Hugo Cordero Giorgana, ex secretario de protección y vialidad de Gómez Palacio, Durango, detenido en enero de 2013 y acusado de homicidio calificado, secuestro y delincuencia organizada, denunció ante la Procuraduría General de la República (PGR) que no ha habido respuesta a más de 55 quejas que ha interpuesto ante instancias de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por violación sistemática a sus garantías individuales; además, aseguró que ha recibidio amenazas de muerte de la agente del Ministerio Público de la subdelegación para que se desista de la queja interpuesta ante la Comisión de Derechos Humanos de Durango (CDHD), de la cual derivó la recomendación 01/14.

En la denuncia presentada en la oficina de la procuradora Arely Gómez, Cordero advierte que la recomendación que emitió la CDHD sólo ha sido un mero trámite de medidas cautelares de carácter administrativo por parte de las autoridades de Durango, pues ni el organismo defensor de los derechos humanos ha exigido su cumplimiento ni la secretaría de seguridad pública ha observado la recomendación de aplicar medidas precautorias para evitar la tortura física y sicológica, así como los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que, afirma, ha sido sometido desde que fue detenido por órdenes de la fiscal del estado, Sonia Yadira de la Garza.

Cordero sostiene que funcionarios del estado, argumentado soberanía, han evitado a toda costa que intervengan autoridades federales a revisar y certificar las torturas.

Incluso le han negado copia certificada del expediente del proceso penal; han impedido llevarlo a otro estado para evitar un proceso conforme a derecho.

Al igual que Jóvenes Sin Fronteras (organización que lo representa, con sede en Washington), Cordero afirma que en su detención hay motivaciones de orden político.

De ahí las contradicciones y datos falseados para lograr su encarcelamiento sin orden de aprehensión en el penal número 2 de Santiago Papasquiaro, y la falta de respuesta, desde enero de 2013, a más de 55 quejas llevadas a diversas áreas de la PGR, de la Cámara de Diputados y del Senado, de la Presidencia de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las secretarías de Gobernación, la Función Pública y Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cordero, quien sostiene que mediante tortura fue obligado a declararse culpable de homicidio calificado, secuestro y delincuencia organizada –aunque el último cargo se le retiró para evitar su traslado a un penal de la ciudad de México y radicar el juicio penal en el estado– solicita a la titular de la PGR que le realicen los exámenes médicos, sicológicos y toxicológicos que prevé el Protocolo de Estambul, y que se le entreguen copias certificadas del procedimiento legal desde 2013, incluido el certificado médico del 18 de enero de ese año, cuando fue ingresado al reclusorio número uno de Durango, para acreditar que no presentaba lesiones en ese momento; notificación y ratificación del juicio de garantías de fecha 22 de enero de 2013; oficio 1121/13, emitido por la CDHD, en el cual reconoce que fue víctima de tortura; oficio SSP/074/2013 que la CDHD dirigió a la SSPD a fin de pedir medidas precautorias proteger la integridad física de Cordero; el dictamen médico del perito que contrató la CDHD, que acredita lesiones producto de tortura; certificado de peritos médicos forenses de la delegación de la PGR en Durango y una decena de documentos más.

La petición obedece a que desconocemos los motivos por los cuales no hemos recibido informe de lo previamente requerido y desconocemos la situación que guarda la indagatoria.