A nueve meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) ha ejercitado acción penal en contra de 108 personas; 74 de ellas son integrantes de las policías municipales de Iguala y Cocula, quienes presuntamente participaron en la detención ilegal de los estudiantes y en su entrega a miembros del cártel delictivo Guerreros unidos.

Funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) informaron que en la averiguación previa no existe constancia de que alguno de los 43 normalistas hubiera formado parte del Ejército, porque en ninguno de los casos se realizó historia de vida de las víctimas debido a que en su momento se hubiera considerado que se trataba de revictimizarlos.

Asimismo, dijeron, presuntamente a raíz de la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la que acepta que uno de los desaparecidos era efectivo del Ejército Mexicano, ‘‘en realidad el joven, del cual no se revelará su identidad, ya había causado baja de las fuerzas armadas’’.

En ese contexto, ayer especialistas de de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revisan la investigación del caso realizaron un recorrido por las instalaciones de la policía municipal de Iguala, que ha estado asegurado por el Ministerio Público Federal desde septiembre de 2014.

En cuanto a los detenidos, la mayor parte se encuentran presos en los Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) que se localizan en Tamaulipas y Nayarit, luego de que el Ministerio Público Federal los puso a disposición de jueces federales acusados de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad agravada; este último lícito alcanza una condena máxima de 140 años de prisión.

Funcionarios de la Procuraduría General de la República informaron que los integrantes de la CIDH llevaron a cabo esta revisión como parte de los trabajos que han realizado para establecer si las autoridades mexicanas han realizado de manera correcta los procedimientos de indagación.

Las fuentes consultadas explicaron que las instalaciones de la policía municipal de Iguala han estado aseguradas y con sellos desde septiembre de 2014, y que luego de haber recorrido el inmueble donde presuntamente fueron llevados algunos de los 43 estudiantes normalistas hoy desaparecidos, representantes de la PGR volvieron a colocar los sellos de aseguramiento para impedir que alguien ingrese a ese edificio.

Los especialistas de la CIDH ofrecerán una conferencia de prensa el próximo lunes para hablar de los avances de sus actividades en México.