El decálogo en materia de seguridad pública y procuración y administración de justicia, presentado por el presidente Enrique Peña Nieto hace siete meses, registra un cumplimiento mínimo. En algunos puntos, vinculados directamente al quehacer del gobierno federal, no hay avances concretos. El anuncio se hizo el pasado 27 de noviembre, en medio de protestas para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa y el paradero de 43 estudiantes normalistas.

El mandatario pidió encauzar la indignación y pensar en soluciones. La ruta marcada fue el combate al crimen, el mejoramiento de los sistemas anticorrupción y penal. Sin embargo, en algunos rubros no hay información pública en torno a la puesta en marcha del decálogo. En esa condición se encuentran los puntos 4 y 5: el número nacional para emergencia y la clave única de identidad, cuya operación dependería de la Secretaría de Gobernación (SG).

En el primer caso, la dependencia no ha explicado la ruta de planeación hacia esa red de comunicación y de servicios a nivel nacional. El análisis inicial del ‘‘911 mexicano’’ estuvo a cargo del entonces titular del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jorge Carlos Hurtado, quien dejó el cargo de manera intempestiva y ahora es oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública.

El único dato extraoficial obtenido al respecto es que el tema del número nacional para emergencia se está analizando con la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), entre otras instancias. El estado de este plan se conocerá en la próxima reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), de la cual todavía no hay fecha para su realización.

En cuanto a la clave de identidad personal (en el sexenio pasado se invirtieron más de 2 mil millones de pesos para elaborar una cédula de identidad para menores), la página del Registro Nacional de Población (Renapo) remite en este espacio a una nueva aplicación para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP), aunque el video explicativo correspondiente tampoco está disponible.

Desde diciembre pasado, el Renapo no tiene director titular. En esta misma situación está la subsecretaría responsable de esta temática; recientemente se nombró a un encargado de despacho.

Así las cosas, en el punto 8, relativo a los derechos humanos, el subsecretario del área en Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseveró que de los cinco subtemas en la materia hay dos cumplidos al 100 por ciento, uno ‘‘prácticamente concluido’’, otro en curso y uno más en ‘‘construcción’’, dentro del plazo de ley.

Entre las conclusiones está la expedición de las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada; los protocolos y procedimientos para que las investigaciones de esos delitos sean exhaustivas e imparciales están ‘‘prácticamente listos’’.

Del tercer subtema –‘‘indicadores adicionales’’ en materia de derechos humanos– ‘‘está en proceso’’. Del sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas y el de información genética, el funcionario dijo que actualmente transcurre el plazo planteado para su preparación.

Del punto cinco, subrayó que ya se publicó el reglamento de la ley de víctimas y está en operación el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. En el punto séptimo, mejorar ‘‘la justicia cotidiana’’, ya hubo un foro de consulta.