La movilización magisterial contra la evaluación educativa provocó enfrentamiento verbal entre diputados de PRI, PAN y PRD.

Fernando Rodríguez (PAN) acusó de debilidad al gobierno por negociar con la disidencia magisterial, que se ha constituido en una fuerza de chantaje y violencia que impide el desarrollo del país. Jesús Valdez (PRI) replicó que la administración federal está obligada a negociar y a establecer acuerdos que no pisoteen la dignidad del sector social. Y Carlos Reyes Gamiz (PRD) afirmó que la reforma educativa mantiene la propuesta de limitar los derechos del magisterio, afectando el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes.

Rodríguez señaló: “hemos visto en el conflicto magisterial un gobierno débil que ni siquiera está coordinado. Por un lado está el secretario de Educación Pública negociando con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por otro, el secretario de Gobernación negociando con la CNTE.

Valdez indicó que “demandar al gobierno el uso de medidas extraordinarias manifiesta no solo ignorancia y desconocimiento –de los sectores que lo exigen– de la legitimidad de las peticiones populares, sino desprecio a una parte sustantiva de la vida académica en el país”.

Reyes Gamiz manifestó que la aplicación de la reforma educativa nunca tuvo como tema e interés el aprendizaje y la enseñanza, sino minar y limitar a su mínima expresión los derechos laborales y administrativos de los maestros.