Los senadores panistas Laura Angélica Rojas, Pilar Ortega y Juan Carlos Romero Hicks consideraron ayer que el anteproyecto de reglamento de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que realizó el gobierno federal, contiene retrocesos en materia de derechos humanos ya que prohíbe que los centros privados de asistencia social, dedicados al cuidado de mujeres adolescentes embarazadas, cuenten con programas de adopción.

Los panistas solicitan que el Ejecutivo federal realice un análisis detallado de ese ordenamiento previo a su publicación, a fin de que verdaderamente promueva, proteja, garantice y respete los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y haga efectivos los objetivos de la ley general de la materia.

Los panistas señalaron que el anteproyecto del reglamento, en el artículo 93, transgrede la Constitución de manera sustantiva, ya que viola el principio del interés superior de la niñez, al privar a dichos centros de medios legales para asegurar el cumplimiento de este principio. Prohíbe los programas de adopción y la facilidad de trámites, lo que vulnera el derecho a la igualdad y al desarrollo de la familia, subrayaron.

Los panistas señalaron que el artículo cuarto constitucional establece que el Estado otorga las facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

Los legisladores advirtieron que el mismo artículo del proyecto de reglamento es inconstitucional, ya que la ley general no regula ninguna prohibición para la adopción, y por el contrario, la considera como medio para la garantía de los derechos de los menores.

De igual forma, manifestaron que la ley general tampoco regula a los centros de asistencia social, cuya finalidad es precisamente el cuidado de mujeres embarazadas, y mucho menos establece un trato desigual entre los centros de asistencia, debido a que la prohibición no se extiende en igualdad de condiciones a todos los cientos que gestionen adopciones, sino sólo a los que ayudan a mujeres embarazadas.