l más claro efecto de los últimos comicios ha sido el de mantener, incluso incrementar, la tendencia decadente y el desprestigio de la política y de las instituciones: compra de voto, participación cada vez mayor del crimen organizado, 21 asesinatos, impotencia del árbitro electoral, control de los partidos del INE y de los tribunales. Lo peor es el costo de un proceso administrativo que podría resolverse con una fracción de lo que se gasta. Alcocer lo calcula en 37 mil millones de pesos, sólo en aportaciones públicas, pero si tomamos en cuenta la cooperación de empresarios y de las redes de la delincuencia, esta suma podría aumentar, por lo menos, 20 por ciento.

Se han hecho nueve reformas al sistema electoral en 40 años y es probable que tenga que hacerse otra antes de 2018. El actual sistema no podrá soportar una competencia muy polarizada. Porfirio Muñoz Ledo, quien ha sido protagonista en la mayoría de las negociaciones de las reformas, recuerda cómo Reyes Heroles abrió la puerta de las cámaras a la oposición con el propósito explícito de fortalecer al régimen. Es mejor tener a los opositores en las curules que en la cárcel. También recuerda cómo el costo original de un peso por cada votante registrado en 1996, es decir 60 millones, fue aumentando progresivamente. La política se convirtió en una competencia por el dinero, de ahí los abusos del Pemexgate y de Amigos de Fox que quedaron impunes. El costo de las elecciones seguirá aumentando porque se ha generado una burocracia ávida en los partidos. Estos podrían sobrevivir con la mitad de lo que reciben y depender de una militancia de voluntarios.

Hace 100 años, Max Weber advirtió que los partidos podrían convertirse en auténticas empresas capitalistas, ya recibieran el dinero de patrocinadores o de las autoridades. El pueblo, progresivamente, perdería la confianza en el sistema electoral. Los políticos, a través de las agrupaciones, no sólo lucharían por el poder, sino por el dinero y por el poder que da el dinero.

Quizás una reforma próxima reducirá las asignaciones de los partidos para calmar a la gente. Pero la iniciativa debería venir de ellos. El proceso político va a complicarse por la desaceleración económica y el aumento de la inconformidad hará más difícil manejar a las instituciones. Después de los procesos del 7 de junio es probable que el hartazgo lleve a la exasperación. Los partidos tendrán que prestigiarse renunciando a una parte sustancial de los recursos. Por supuesto que esto no será fácil porque la austeridad tendría que ser decidida por los partidos y sus dirigentes, que son los que han abusado del flujo de dinero. No será fácil porque se han vuelto adictos al despilfarro y a la buena vida.

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