Los primeros resultados de las investigaciones sobre desapariciones en Chilapa, Guerrero, señalan como principal causa una disputa por el tránsito de la droga, dice Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En entrevista con La Jornada, el funcionario admite que las corporaciones policiacas de esa entidad están penetradas por la delincuencia y que tienen registrados 22 desaparecidos en los dos más recientes secuestros masivos de este año.

Llegamos a Chilapa unos días después de las pasadas desapariciones. Instalamos de inmediato, en coordinación con la CEAV, mesas de atención a víctimas y hemos recogido información de víctimas de 2013, dos de 2014 y dos sucesos distintos de 2015: en este último caso dan 22 desaparecidos.

Campa Cifrián llegó a este cargo hace dos meses; antes fue subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Señala estar familiarizado con este trabajo y atender los casos de violaciones a los derechos humanos en Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y Chilapa, municipio enclavado en la zona indígena nahua de la Montaña Baja de Guerrero.

Comenta que la ubicación territorial de Chilapa lo coloca en una ruta importante del trasiego de droga, ya que es parte de la zona montañosa de Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, y pasa por Quechultenango, en el área Centro, más abajo con Tixtla; y en la parte alta con Cochoapa, uno de los municipios más pobres de México.

–¿Cuál es el escenario previo a las desapariciones?

–Territorialmente Chilapa tiene una importancia estratégica, en la medida que representa una muy importante ruta de acceso y salida de las cosechas de amapola de esa zona de Guerrero, de la sierra, y hay una disputa por el control del tránsito de la droga.

–¿Es tiempo de cosecha?

–La policía ha informado que son tiempos de cosecha y en este momento el control se hace más importante.

–¿Hay grupos del crimen organizado enfrentados?

–Los Rojos, por un lado, y Los Ardillos, por el otro. Son los grupos que se han disputado en esta etapa, el territorio.

–¿Cuál es el origen de las desapariciones?

–No quisiera de ninguna manera hacer planteamientos sin fundamento, sin tener todos los elementos. En este momento trabajamos con las familias en las investigaciones. Hay acusaciones mutuas de participación. Y los dos lados exigen que aparezcan los desaparecidos. Y han habido, ciertamente, desapariciones de distintos grupos.

–¿Son desapariciones forzadas, es decir, cometidas por el Estado?

–Aunque en esta región no puede evadirse el tema de la infiltración de grupos de delincuentes en las corporaciones policiacas, lo que ha sucedido, según las evidencias que se tienen, es que han sido grupos de la delincuencia los que han secuestrado a esas personas.

–¿Qué tanta implicación tienen los grupos policiales o la Gendarmería, según ha sido denunciada por los habitantes?

–La Gendarmería recién había llegado para trabajar en otras investigaciones. El comisionado (general de la Policía Federal) Enrique Galindo lo discutió con los familiares. Les explicó que había un grupo de menos de 30 miembros en los días pasados en Chilapa y que los grupos armados que llegaron allí ostentándose como policías comunitarios eran más de 250: de cualquier manera la intervención de la Gendarmería hizo que después de un par de días se desarmaran y se fueran.

Lo que está acreditado en la información de cada familia que ha planteado la manera en la que su familiar desapareció, en todos los casos hacen referencia de grupos civiles de la delincuencia.

–En algunos casos también hacen referencia a los policías...

–El reclamo es que la policía no previó y no evitó lo que sucedió, pero todas las referencias individuales y puntales de los familiares tienen que ver con grupos de la delincuencia o siempre con grupos de civiles.

–¿Puede haber complicidad de la policía?

–Me parece que la experiencia nos obliga a no cancelar la posibilidad de que muchas de estas corporaciones estén infiltradas y penetradas por grupos de la delincuencia.

Hay un gran dolor

El ex candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nueva Alianza está identificado con el grupo de la maestra Elba Esther Gordillo, siendo antes priísta. También fue secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

Comenta que está centrado en casos de gran trascendencia, como el de Chilapa, en el que los familiares han exigido resultados: “Hemos trabajado con la Policía Federal en dos tareas distintas, una tiene que ver con la búsqueda, con información de inteligencia y de los familiares, y la otra parte con la Procuraduría General de la República (PGR), con investigación y justicia. Y luego con la policía federal para avanzar en mejorar las condiciones de seguridad en la zona.

–¿Cómo ha sido la relación con los familiares?

–Es muy difícil. Siempre la relación de la autoridad con familiares de desaparecidos es muy dolorosa, muy compleja. Hay un gran dolor en las madres, en los padres, en los hermanos, siempre con la presencia de los hijos, y entonces son jornadas muy difíciles, muy dolorosas. Hay una relación respetuosa entre ellos y la autoridad y de parte nuestra: somos la parte menos dura, pero también ha participado la PGR, la Comisión Nacional de Seguridad y la Policía Federal.

–La violencia de grupos del narcotráfico en Chilapa no es nueva...

–En la reunión pasada nos plantearon la posibilidad de avanzar en un programa de prevención para Chilapa con el argumento de que era importante enfrentar los efectos de la violencia, pero también tratar de identificar las causas de la violencia, sobre todo las razones. Hemos trabajado con la subsecretaría de Prevención del Delito. Hay un fondo para este año de casi 20 millones de pesos para Chilapa, para la recuperación de espacios públicos y programas sociales, y trabajamos con ellos para su implementación. La petición en la reunión pasada es para que la Policía Federal no se vaya de Chilapa, a partir de la mejora en las condiciones de seguridad en estas semanas recientes.

–¿Y las policías comunitarias?

–No hemos tenido reunión con ellas.

Búsqueda e investigación

–¿No lo creen necesario?

–En este caso en particular, la presencia tiene que ver con la comisión de delitos y con un proceso de búsqueda y de investigación. Para otros fines y otras tareas nos hemos reunido con las comunitarias de Guerrero, pero en este caso en particular la presencia del gobierno federal tiene que ver con un proceso de investigación, búsqueda y con garantizar la seguridad.

–¿Hay esperanza de encontrarlos con vida?

–Estamos haciendo el mayor esfuerzo.

Para el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, los mecanismos existentes para el marco legal y la búsqueda de desaparecidos que hay en México son insuficientes.

–La asignatura pendiente de México en las próximas dos o tres décadas, serán los desaparecidos...

–Es un tema central para nosotros. El secretario de Gobernación me ha instruido para atenderlo personalmente. Hemos tenido reuniones con distintas organizaciones de familiares de desaparecidos y hemos fortalecido las instancias locales de atención a los desaparecidos. Hay algunos estados donde el esquema ha funcionado mejor. Hay reconocimiento de que, por ejemplo, en Coahuila, con la participación directa del gobernador y con la determinación de formar un equipo solamente responsable de búsqueda han habido buenos resultados.

–No en todos los casos: está Allende, Coahuila, donde son más de 300 desaparecidos

–Claro, pero el proceso que se ha llevado a cabo en Coahuila, a juicio de las organizaciones, ha avanzado. Hay un buen modelo en Nuevo León y hemos solicitado al gobierno de Tamaulipas avanzar en este mismo esquema con la metodología de que las reuniones sean fructíferas, eficaces y no vaya la gente a perder el tiempo. Los familiares de las víctimas quieren en primer lugar que se les escuche, que se les atienda; quieren recuperar, por lo menos, el cadáver de su familiar y de preferencia, y si fuese posible, a su familiar vivo. Pero me parece que el Estado tiene obligación de escuchar y de atender a las familias. Resulta muy impresionante para uno escuchar de las organizaciones el agradecimiento a la autoridad porque los escucha.

Descanso al completar el duelo

Añade: Y resulta también impresionante ver el descanso que de muchos familiares cuando dan con el cadáver de personas desaparecidas que durante años han buscado y pueden completar su ciclo de duelo. Naturalmente, la mejor experiencia es cuando aparecen con vida sus familiares. El peor escenario es en el que la autoridad no da con un familiar vivo, no es capaz de encontrar un cadáver ni de escuchar y de atender el reclamo de los familiares. Hacemos un esfuerzo para que, sobre todo en los estados donde tenemos el problema mayor, las autoridades comprendan que una parte es atender a estas personas.

Campa Cifrián muestra un informe del FBI de Estados Unidos en el que el tema de los desaparecidos es peor: “Es un problema internacional y acabo de revisar la información más reciente del FBI y las cifras son muy altas en casi cualquier país del mundo. Pero entendemos que en México tenemos un problema distinto, de muchas gentes, de miles de gentes que han sido desaparecidas.

–¿Qué porcentaje son desapariciones forzadas? Hay estados donde es de 40 por ciento...

–No quisiera entrar en ese esquema de cifras en este momento. Trabajamos en una ley fundamental, la ley de desaparición forzada. Hay leyes locales.

–Pero si no hay un banco nacional de datos para cruzar el ADN de los cadáveres sin identificar con el material genético de los familiares...

–La ley va a prever todos los protocolos de mecanismos de identificación y de registro.

–En la actualidad no hay esos mecanismos...

–Son insuficientes. Y hay un compromiso del Presidente que deberemos contar con registros suficientes. La ley de desaparición nos va a llevar a tener no sólo un marco legal para atender el problema, sino además los instrumentos que se requieren para tener búsquedas eficaces.