De las solicitudes de información sobre el caso Ayotzinapa presentadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ante autoridades de distintas dependencias, 47 por ciento siguen pendientes de resolución. Entre ellas figura la petición de acceso al 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, para que los especialistas puedan entrevistar a los militares que estuvieron en alguna de las varias escenas de los hechos del 26-27 de septiembre.

También están pendientes algunas recomendaciones claves, como la que se hizo desde hace un mes de acumular y unificar en un solo expediente de la Procuraduría General de la República (PGR) las seis causas abiertas, las cuales están dispersas en 15 juzgados diferentes. Lo anterior, con el fin de que los jueces que conozcan el caso puedan tener a la vista todas las pruebas y los indicios que se presenten.

Ayer, en conferencia de prensa donde se conoció el cuarto informe de la misión, miembros del GIEI precisaron que la PGR les aseguró que sí van a solicitar la acumulación de todos los procesos abiertos y les prometió que se permitirá que los expertos internacionales colaboren ‘‘con criterios de valoración y tipificación de delitos’’ en este proceso de concentración de todos los expedientes en uno solo.

Nuevas líneas de búsqueda

Además, anunciaron que la Policía Federal (PF) se comprometió con los padres y madres de los normalistas desaparecidos, y con los estudiantes de Ayotzinapa que sobrevivieron a los ataques, a abrir nuevas líneas de búsqueda.

Informaron que la última semana de mayo se reunieron con José Luis Abarca, el ex presidente municipal de Iguala, y su esposa María de los Ángeles Pineda, ambos encarcelados. No adelantaron detalles de estas entrevistas, pero indicaron que “se están analizando y comparando sus testimoniales con los medios probatorios del expediente. Las conclusiones se van a incluir en el reporte final’’.

También han vuelto a los penales donde están recluidos los demás imputados por la desaparición de los 43 y precisaron que son al menos 40 los casos –de entre 102 procesados– en los que han reportado torturas y malos tratos durante los interrogatorios. La PGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)les han informado que ‘‘ya investigan’’ la probable presencia de tortura en los procedimientos.

En resumen, informaron que han presentado más de 100 solicitudes de información; 30 por ciento han sido cumplidas de forma completa, 24 de forma parcial y 47 por ciento están pendientes. Anunciaron que en breve presentarán nuevas solicitudes importantes. Revelaron que cuentan con declaraciones de nuevos testigos presenciales en los casos de los tres normalistas asesinados.

En la cuarta etapa de los trabajos del grupo de expertos, los cinco especialistas que realizan una investigación por mandato de la Organización de Estados Americanos (OEA) recorrieron en las semanas recientes diez escenarios donde se desarrollaron los hechos del 26 y 27 de septiembre del año pasado.

Acompañados por peritos y expertos en criminalística de campo y planimetría, inspeccionaron el basurero de Cocula y la ribera del río San Juan, así como las casas de seguridad de grupos delincuenciales aseguradas por la policía, las casetas de las carreteras de la zona, la central de autobuses de Iguala, los escenarios en la avenida Juan N. Álvarez y el Periférico, donde se produjeron los dos ataques y se encontraron los tres cuerpos de los estudiantes asesinados. También visitaron las sedes de seguridad pública y policía municipal, además del hospital particular Cristina (donde un grupo de jóvenes fue retenido momentáneamente por soldados del 27 batallón de infantería) y las inmediaciones del Palacio de Justicia.

Destacaron, entre otros datos, que no pudieron ni podrán realizar una inspección de los cinco autobuses que fueron tomados la noche del 26 de septiembre por los normalistas, y que fueron atacados esa misma noche por elementos de la policía municipal y del crimen organizado, porque –dijeron– los vehículos ‘‘ya fueron remodelados, reparados y están operando normalmente’’.

Con ello revelaron que ni la PGR ni la Procuraduría de Justicia de Guerrero resguardaron piezas de evidencia que pudieron haber sido vitales para el esclarecimiento de los hechos.

Con la información colectada contrastarán los elementos que configuran la versión oficial de los hechos y que, por lo menos a la salida de Jesús Murillo Karam a fines de febrero, anticipaba como ‘‘verdad histórica’’ lo que describió como una acción criminal de delincuentes organizados en complicidad con las autoridades municipales, que mataron, incineraron y arrojaron al río a los jóvenes, sin dejar rastros posibles de identificar o confirmar.

La procuradora Arely Gómez se reunirá con paterfamilias

Los cinco integrantes del GIEI anticiparon, por otra parte, que en los próximos días –la fecha aún está por definirse– la procuradora general de la República, Arely Gómez, sucesora de Murillo Karam, sostendrá la primera reunión frente a frente con los familiares de los normalistas desaparecidos y los alumnos sobrevivientes de Ayotzinapa desde que asumió el cargo a principios de mayo. La reunión será a iniciativa de los padres de las víctimas.

Ayer, a la conferencia de prensa acudieron los cinco expertos: las ex fiscales de Guatemala Claudia Paz y Paz y de Colombia Ángela Buitrago; los juristas Alejandro Valencia (Colombia) y Francisco Cox (Chile), y el experto en materia de derechos humanos Carlos Martín Beristáin, de España.

Presentaron un informe de 10 puntos, entre los cuales destacaron como clave la diligencia en la central de autobuses de Iguala, de la cual derivan una conclusión que difiere de la versión oficial. Sostienen que la llegada de los normalistas de Ayotzinapa a la terminal, en el centro de la ciudad, ‘‘no fue planificada previamente’’ y que la decisión de los jóvenes de llegar ahí ‘‘se debió a circunstancias no previstas de antemano’’.

En cuanto a las tajantes negativas previas de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena)y de Gobernación de acceder a la solicitud de los expertos para entrevistarse con los militares del 27 batallón de infantería de Iguala (perteneciente a la 35 Zona Militar), los investigadores informaron que ayer recibieron un comunicado del gobierno mexicano que informa que ‘‘el Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud’’, y donde reconoce que en su calidad de coadyuvante del caso Ayotzinapa, el GIEI sí tiene facultades para ‘‘sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros del 27 batallón hicieron en calidad de testigos’’. Tres meses atrás, la delegación interamericana había aclarado que no pretende que la PGR sea intermediaria de las entrevistas y que busca hablar directamente con los soldados, los que ya prestaron testimonio y los que aún no lo han hecho.

Respecto de la versión de la Sedena que a una solicitud de información expresa reveló que uno de los estudiantes desaparecidos era miembro activo del Ejército, indicaron que solicitaron confirmación a las autoridades militares. ‘‘Aún no la tenemos. Pero sí pedimos respeto a ese muchacho y a su familia, que como normalista merece el mismo trato que el resto de los 43 desaparecidos’’.