esulta que ayer el rey de España paseaba en Zacatecas en compañía de Enrique Peña Nieto y, para beneplácito de éste, decía que España y México son democracias maduras en transformación (muy intrigado, el columnista botánicamente inmaduro acudió a su puesto de frutas a preguntar cuál es la fase correspondiente a algo que ha llegado a la madurez en transformación, recibiendo como regia respuesta muda un displicente gesto indicador del depósito de desperdicios como próxima escala).

En tanto se desahogaba ese viaje de deleite de los reyes y sus esposas, perdón, del rey y su esposa y de Peña Nieto y su esposa (ni reyes ni mirreyes, se leía ayer en una pancarta de protesta, según reporte de Raquel Ollaquindia, reportera de La Jornada Zacatecas), en el plurinacional territorio gobernado por una monarquía parlamentaria (se habla de España, pues), sus habitantes comenzaban las protestas contra la más reciente expresión de esas DeMenTra’s, la Ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como ley mordaza, que fue aprobada en marzo de este año con los votos del Partido Popular y la Unión del Pueblo Navarro (de centro-derecha).

Mediante 44 artículos, la citada ley mordaza impone condiciones restrictivas a quienes se manifiesten públicamente en demanda de soluciones o en protesta por actos que consideren lesivos a la sociedad. Si la conducta de esos ciudadanos inconformes constituye un delito, se les impondrán multas que irán de 100 a 600 mil euros. El Diario, de España (www.eldiario.es), dirigido por Ignacio Escolar, concentró la atención en “Los siete derechos fundamentales que limita la ley mordaza”. Por ejemplo, se establecerá un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana, a efectos exclusivamente de apreciar la reincidencia, una especie de lista negra de disidentes que permitirá su estigmatización y el agravamiento de la acción policial y judicial contra ellos.

Otro artículo establece la supremacía del dicho de un policía, pues el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad será base suficiente para la imposición de multas. También se instituye un imperio de la discrecionalidad, a partir de conceptos jurídicos indeterminados que permitirán a la policía actuar contra activistas y manifestantes sin precisar la acusación del caso, en un limbo intencional que no adjudica presunciones delictivas pero sí permite detenciones y sanciones a juicio de la autoridad. Por ejemplo, cuando se esté ante una perturbación de la seguridad ciudadana, al protestar frente a edificios legislativos o de gobierno, aunque en esos momentos estén vacíos, o la falta de respeto y consideración a un policía, o las multas para organizadores y promotores de manifestaciones no autorizadas, lo que alcanzaría incluso a quienes desde Twitter o las redes sociales reprodujeran las convocatorias a las protestas.

Ante indicios de que se va a cometer una infracción, la policía podrá actuar con sentido preventivo y pedir la identificación oficial o cachear a los sospechosos. Si no es presentada la identificación, la persona puede ser internada en la comisaría correspondiente durante seis horas como máximo. Se sancionará, además, a quienes tomen video o fotografía y difundan así imágenes o datos personales o profesionales de los agentes de policía, pues ello podría poner en peligro la seguridad personal o familiar del agente.

Como puede verse en la gemelar democracia madura en transformación, lo que se busca es inhibir y cancelar libertades ciudadanas e imponer reglas, amagos y trampas a las movilizaciones y el activismo que en España se han multiplicado en los años recientes. Ayer mismo, mientras los reyes disfrutaban de la bella entidad cuyo gobernador, Miguel Alonso ¡Reyes!, fue mencionado como infractor del protocolo real para tomarse una fotografía con los visitantes, en el reino de España se desataban las protestas en defensa del derecho a la protesta.

La otra DeMenTra (democracia madura en transformación) ha explorado en diversas ocasiones la posibilidad de imponer similares restricciones y castigos al activismo creciente. Desde la ley bala del presunto precandidato presidencial panista (P4), Rafael Moreno Valle, hasta las pretensiones en Quintana Roo gobernado (es un decir) por Roberto Borge, siempre dispuesto a premiar y festejar a los periodistas que le queman incienso y a perseguir y meter a la cárcel a los que son críticos y le resultan molestos (sólo por dar un ejemplo, recuérdese el caso de Pedro Canché, a quien el altivo Borge se niega a dar una disculpa pública, como recomendó la CNDH, luego de haberlo encerrado sin justificación jurídica durante nueve meses).

En ese contexto resultan preocupantes las advertencias del máximo representante nacional de la represión contra periodistas, Javier Duarte, gobernador de Veracruz, quien organizó una fiesta por la libertad de expresión en la que tres veces llamó a sus invitados a portarse bien. Los conminó a no confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios, pues vienen tiempos difíciles y el cogobernador (el otro, con acciones A, es Fidel Herrera) piensa sacudir el árbol y van a caer muchas manzanas podridas. Aunque matizó: no estoy señalando a nadie. Como dicen en la iglesia, hagan un examen de contrición. Cada quien sabe cómo anda y en qué pasos anda. Todos sabemos, porque aquí, todo se sabe. Gulp. Así se las gasta Javidú (citas tomadas de la nota de Eirinet Gómez, corresponsal de La Jornada en Xalapa).

Y, mientras El Menchito es detenido, liberado y vuelto a detener, entre consignaciones (¿intencionalmente?) mal realizadas y resoluciones judiciales amables, con el tufo de negociaciones gerenciales de alto nivel en curso, ¡hasta mañana, con los panistas iniciando su desigual contienda por el nuevo liderazgo, entre el maderismo hegemónico que postula a Ricardo Anaya y la opción de Javier Corral, incluso apoyado por calderonistas!

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