La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la violación a la ley del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por la distribución –en la pasada campaña proselitista- del kit escolar, así como la leyenda Verde sí cumple, por presunta sobrexposición indebida ante los ciudadanos.

En la sesión, los magistrados confirmaron la legalidad del nombramiento de un interventor para que controle los gastos del Partido del Trabajo durante el periodo de intervención, con motivo de la eventual pérdida de registro, al no alcanzar, en la pasada elección, 3 por ciento de los votos.

En cuanto al PVEM, ordenó a su Sala Especializada calcular de nueva cuenta (reindividualizar) la multa original de 2.6 millones de pesos (10 por ciento de una mensualidad a ese partido) y, por tanto, fijar una nueva sanción correspondiente a una falta grave ordinaria.

“Se propone confirmar la sanción impuesta con motivo de la distribución de artículos promocionales utilitarios no textiles y, por otra parte, revocar la sentencia impugnada, al estimarse, por los motivos que se explican en el proyecto, que resulta violatoria de la ley la distribución del kit escolar, visto como un paquete de bienes” se indica en el proyecto aprobado ayer.

Los magistrados discutieron ampliamente los pormenores del caso, así como las atribuciones de la Sala Especializada; dijeron que ese nivel no es competente en calificar si esa distribución significó una presión al electorado o si el hecho afectó el resultado de los resultados electorales.

Dádivas a los electores

Lo que sí subrayaron de manera explícita, al menos la ponente María del Carmen Alanís y Flavio Galván, la necesidad y obligación legal de que las propuestas partidistas y de candidatos en campaña no sean a través de bienes y servicios que pudieran constituir dádivas a los electores.

Galván dijo: que no sea la satisfacción momentánea de una necesidad lo que lo lleve a votar por determinado partido político, porque fue el que le dio más o porque el que le prometió más durante la campaña. Es un avance en el respeto a la dignidad humana, es un avance en un auténtico sistema democrático.

En el caso del Partido del Trabajo dijo que la participación del interventor es legal, pues no impide la realización de las actividades ordinarias de este organismo ni lo coloca, por ese motivo, en estado de liquidación, toda vez que todavía no hay una sentencia defintiva respecto a la pérdida o conservación del registro.

El INE designó el pasado 16 de junio a Gerardo Sierra Arrazola como interventor del PT.

En otro asunto, no prosperó la votación, al interior de la Sala Superior, para exigir al Senado atienda su omisión, respecto a la responsabilidad de asignar al magistrado faltante en este tribunal, a más de dos meses que un asiento de esta sala está vacante, tras la salida de Alejandro Luna Ramos.

Lo que sí se confirmó fue una multa de 140 mil pesos al tricolor por la difusión de un promocional en contra del blanquiazul por contener una escucha telefónica ilegal.