a versión más reciente del Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que Wikileaks entregó a este diario no es un documento tranquilizador. De las cláusulas estipuladas en el texto central y en sus anexos sobre comercio electrónico y marítimo, telecomunicaciones y finanzas pueden derivarse, en caso de que ese instrumento resulte aprobado, amenazas de diversa magnitud para los rubros nacionales correspondientes, sobre el conjunto de la economía, para la población y las instituciones del país.
En términos generales, el tratado, en cuyas negociaciones furtivas participan representantes de medio centenar de naciones, la nuestra incluida, aspira a practicar una nueva vuelta de tuerca en el proceso de reducción del Estado que preconiza el modelo neoliberal y que se ha venido realizando desde hace más de tres décadas en casi todo el mundo. Tal disminución, que en su primera fase se tradujo en la privatización indiscriminada de bienes públicos, incluidos los estratégicos, se centra hoy en día en la mutilación de atribuciones y de soberanía a fin de expandir los dominios del mercado a todos los ámbitos posibles de la vida de los países: la salud, la educación, la investigación científica y tecnológica, los servicios financieros, el transporte, la propiedad intelectual y las telecomunicaciones, más los que se vayan agregando.
El propósito del TISA es reducir o borrar la presencia reguladora institucional e instaurar en ellos, como mecanismos supremos de regulación, el mercado y la libre competencia internacional, es decir, consumar en las dos terceras partes de la economía global, valga decir, a escala planetaria, la utopía liberal de David Ricardo.
Tal utopía, sin embargo, no ha funcionado jamás como se supondría que debía hacerlo, y la economía entendida como la supervivencia del más fuerte ha desembocado una y otra vez en la conformación de grandes monopolios u oligopolios que terminan por aplastar a la competencia, proyectan su poderío económico al ámbito de las relaciones políticas y derivan en la corrupción, la opresión y la ilegalidad.
En la actualidad están conformados ya consorcios trasnacionales poderosísimos que operan como poderes fácticos y que son los que, en la práctica, se verían beneficiados por la entrada en vigor del instrumento comercial referido. De hecho, la versión más reciente que se conoce del TISA parece una suerte de declaración de los derechos mundiales de las corporaciones, las cuales, en los términos del documento, podrían arrasar a pequeños competidores locales, eliminar en la práctica derechos de consumidores y de ciudadanos, inhibir la tarea de los poderes legislativos, ignorar a los organismos jurisdiccionales e impedir que los ejecutivos adopten políticas públicas de interés social que resulten potencialmente lesivas para sus intereses empresariales.
A la vista de la cantidad de personas físicas y morales que se verían perjudicadas y de las instituciones que perderían muchas de sus atribuciones por la firma del TISA, no resulta sorprendente que los gobiernos involucrados en la negociación hayan mantenido los documentos del acuerdo fuera de la vista de la opinión pública y que su consulta no sea permitida ni siquiera a legisladores. De hecho, una de las cláusulas del proceso de redacción del instrumento señala que éste no será divulgado en los primeros cinco años posteriores a su entrada en vigor, si es aprobado, ni un lustro después del cierre de las negociaciones, si éstas no conducen a un acuerdo.
En el proceso de negociación referido –en el que la parte mexicana está representada por las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores– resultan injustificables la opacidad, la ausencia de información oficial y la nula voluntad política de someter a la consideración de la sociedad un asunto de tal relevancia y de tan largo alcance como el comentado.
Resulta, por ello, particularmente importante que Wikileaks haya logrado hacer llegar a diversos medios – La Jornada, en el caso de México– diversas fases y secciones del TISA: la organizacióm fundada por Julian Assange es, hasta la fecha, la única fuente en la que las sociedades de los países involucrados en el acuerdo pueden enterarse del desarrollo de un marco comercial que puede tener, si se implanta, graves consecuencias sobre sus economías, sus puestos laborales y sus derechos como consumidores, audiencias y hasta causantes.
En el caso de México la entrada en vigor del tratado referido, junto con la del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (ATP o TPP, por sus siglas en inglés) daría lugar a una reformulación de la economía tan drástica como la que se inició en su momento con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cabe esperar que la ciudadanía y, particularmente, sus sectores académicos, científicos, empresariales, sociales y políticos, analicen los documentos revelados, cobren conciencia de los elementos de riesgo en ellos contenidos y se involucren en un debate nacional sobre la procedencia de articular el país a esos acuerdos.
