Toluca, Méx.

Los cuatro policías ministeriales que el pasado miércoles fueron recluidos en el penal estatal de Santiaguito, en Almoloya, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en el caso Tlatlaya, recuperaron su libertad la madrugada de este jueves.

De acuerdo con el marco legal del estado de México, la tortura no es considerada delito grave, pues de acuerdo con la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en la entidad, esta conducta es sancionada con tres a 12 años de prisión.

El juez de control del distrito judicial de Toluca les concedió una medida cautelar y les fijó una garantía económica de casi 60 mil pesos, que fue cubierta casi de inmediato por sus abogados.

La Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) ejercitó acción penal contra los cuatro agentes por el delito de tortura en agravio de tres mujeres que fueron testigos presenciales de la matanza de 22 personas a manos del Ejército, el 30 de junio de 2014 en el municipio de Tlatlaya.

Anteayer, el juzgado de control de Toluca informó que el pasado 29 de junio recibió la carpeta 1291/2015, donde la Fiscalía para Atender los Delitos Cometidos por los Servidores Públicos de la PGJEM solicitaba que se libraran órdenes de aprehensión contra siete policías ministeriales que participaron en las diligencias por la matanza, a quienes les imputaba el delito de tortura.

El juez consideró que sólo había elementos de prueba suficientes para presumir responsabilidad de cuatro de los agentes, y concedió las órdenes de captura, pero negó las otras tres.

El primero de julio se realizó la audiencia de formulación de imputación luego que fueron detenidos dos policías acusados y otros dos se presentaron de manera voluntaria. Los agentes ministeriales fueron recluidos en el penal de Santiaguito, pero tras unas horas fueron puestos en libertad.

Cada uno tuvo que cubrir una garantía económica por 33 mil 479 pesos por multas y 26 mil 520 ‘‘por obligaciones procesales’’. El juez fijó este viernes la audiencia donde se determinará si los vincula o no a proceso penal por tortura, el cual podrán enfrentar en libertad si es que se considera que existen pruebas suficientes para enjuiciarlos.

Las autoridades judiciales externaron que por el momento no pueden difundir el nombre de los indiciados, pues existe el principio de presunción de inocencia.