Para la Secretaría de Gobernación (SG) la presentación ante los medios de comunicación de la víctima-testigo en el caso Tlatlaya (hace un año 22 civiles murieron por la acción de militares) fue innecesaria y una medida contradictoria ante las necesidades de seguridad planteadas por el Centro Pro de Derechos Humanos.

La mujer, que debiera estar protegida por su colaboración en una investigación judicial, estuvo presente durante un informe difundido por el Centro Pro.

Me llamó la atención que en el informe le cambian el nombre a la víctima, pero la presenten en la conferencia de prensa. Ellos tienen razón en que hay que ser cuidadosos y conviene que (el Centro Pro) también sea cuidadoso. Haberla presentado públicamente, a partir de esa misma lógica, resultaba innecesario, y es contradictorio, por lo menos. No parece una medida responsable dijo el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Roberto Campa Cifrián.

Funcionarios de la SG revisaron ayer la aplicación de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó hace meses al Estado mexicano garantizar la protección para la víctima-testigo a quien originalmente se había ubicado con el nombre ficticio de Julia.

A criterio de la dependencia federal, las medidas cautelares se han cumplido según a lo ordenado por la CIDH: protección personal, infraestructura y comunicación adecuada para preservar su seguridad.

En la conferencia de prensa convocada por el Centro Pro se presentó por primera vez en público a Clara Gómez González, testigo sobreviviente, cuyo relato fue crucial para conocer la masacre cometida en la bodega El Limón, en Tlatlaya.

El informe del Centro Pro hace énfasis en que la orden de los mandos militares fue abatir a los presuntos delincuentes.

Este enfoque fue rechazado por el subsecretario Campa, quien aseveró que la palabra abatir tiene una decena de acepciones y ninguna se refiere a matar a una persona.

En cuanto a la participación del ejército, dijo a La Jornada que sus elementos tienen la responsabilidad de vigilar en los sitios donde operan los grupos más violentos del país.

Es una tarea que nos obliga a hacer un esfuerzo extraordinario, con estricto respeto a los derechos humanos.