La orden de abatir delincuentes en operaciones nocturnas, girada por los mandos de la 22 Zona Militar, es inaceptable, porque incita a la tropa a atropellar los derechos de las personas, advirtieron la presidenta de la comisión especial que investigó el caso Tlatlaya, Elena Tapia Fonllem (PRD), y Loretta Ortiz Ahlf (Morena).

Tras darse a conocer –la víspera– el informe elaborado por el Centro Pro, que reveló la orden de abatir, ambas diputadas calificaron los sucesos en el estado de México como un caso paradigmático de ejecuciones extrajudiciales, que ilustra la grave crisis en derechos humanos que aqueja a la sociedad mexicana.

La presidenta de la comisión expuso que la orden dictada por los mandos de la 22 Zona Militar opaca cualquier esfuerzo para el avance del respeto y protección de los derechos humanos que pudiera realizar el gobierno federal.

En referencia al informe elaborado por el grupo de trabajo de legisladores, Loretta Ortiz recordó la poca disposición oficial para esclarecer responsabilidades de diversos servidores públicos. Cuando solicitamos formalmente la información sobre la cadena de mando y acceso a los expedientes para delimitar las responsabilidades de cada uno de los elementos, sólo se nos brindaron negativas y excusas.

Incertidumbre sobre los procesos a militares

A decir de Elena Tapia, también existe una gran incertidumbre acerca de los procesos que enfrentan los integrantes del Ejército mexicano y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México por parte de las autoridades federales, lo que afecta la posibilidad de que se modifiquen las pautas de abuso e impunidad que prevalecen en muchas de las actividades que desempeñan los cuerpos de seguridad pública y las fuerzas armadas.

La legisladora perredista conminó a la PGR a redoblar esfuerzos que aporten resultados a la sociedad, sin ningún pretexto de seguridad nacional, ni de cualquier otra índole, y sin importar la jerarquía de los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de los funcionarios de gobierno del estado de México que hayan estado involucrados en los hechos o en su presunto encubrimiento.