Pese a la cantidad de pendientes, entre ellos el dictamen de una veintena de leyes secundarias en materia de combate a la corrupción, la nueva ley sobre desaparición forzada de personas y la conversión de la Procuraduría General de la República (PGR)en la Fiscalía General de la Nación, los trabajos en las 64 comisiones ordinarias del Senado están prácticamente detenidos.

Son pocos los presidentes de comisiones que han citado a reunión en lo que va del año.

Hace dos semanas, el presidente del Senado, Miguel Barbosa, hizo un llamado a quienes presiden comisiones a que se activen los trabajos y recordó que es un receso, no vacaciones, pero la mayoría de los 128 legisladores están en sus respectivas entidades.

El ex perredista Alejandro Encinas y el coordinador del PT, Manuel Bartlett, consideraron urgente que los organismos responsables de dictaminar los pendientes se pongan a trabajar.

El senador Bartlett consideró que de mayo a junio buena parte de los senadores estuvieron metidos de lleno en las elecciones del 7 de junio, pero casi un mes después continua la inactividad, en parte por las crisis de PAN y PRD, el primero dividido por la elección de su nuevo dirigente.

Por lo que se refiere a la legislación reglamentaria, necesarias para que pueda operar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, el senador Encinas comentó que lo más conveniente es que se inicien los trabajos, a fin de que en septiembre, cuando el Congreso reanuda sesiones haya dictámenes para discutirse.

El Senado deberá crear la ley general del sistema nacional contra la corrupción y modificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la de la Auditoría Superior de la Federación, entre más de una veintena de normativas, que tienen que aprobarse en el periodo de sesiones de septiembre.

Entre estos se encuentra la Ley del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, para adecuarla a las nuevas facultades que se le confieren en la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción.

En entrevista aparte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, comentó que hay varias iniciativas en el Congreso, para comenzar a trabajar en la ley de desaparición forzada, que incluso debería aprobarse antes de septiembre, en un periodo extraordinario.

Por separado, el panista Roberto Gil Zuarth comentó que la Comisión de Justicia que él preside tiene enfrente la conversión a la PGR en una auténtica Fiscalía General de la Nación, encargada de conducir las investigaciones, de generar hipótesis y recabar pruebas.

–¿Se podría aprobar en un periodo extraordinario?

–Es una decisión muy compleja. El modelo de fiscalía es muy difícil y también hay que reconocer que aunque aprobáramos un buen modelo, eso es insuficiente para la realidad. Se requieren establecer controles de confianza, profesionalizar el trabajo interno de la PGR.

Agregó que es importante trabajar ya en ese nuevo modelo judicial, centrado en la autonomía de la Procuraduría General de la República.