La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) adecuó el calendario que estaba originalmente previsto para la aprobación de dictámenes y proyectos de resolución sobre las 16 elecciones locales y federal del 7 de junio pasado.

Así, la nueva fecha en que el Consejo General del INE aprobaría este proceso será el próximo 20 de julio, aunque se prevé que este sábado sería avalado en la citada comisión.

El presidente de esa instancia, Ciro Murayama, sostuvo que la modificación en los plazos, motivada por la sobrecarga de trabajo a que fue sometida la Unidad Técnica de Fiscalización (revisión de informes de 13 mil candidatos a diputados federales, locales, gobernadores y alcaldes), no pondrá en riesgo la calificación de ninguna de las elecciones, pues en el caso de la Cámara de Diputados se toma posesión el primero de septiembre y la fiscalización concluiría más de un mes antes, pero hay casos donde este trámite se lleva a cabo el primero de enero.

De conformidad con la nueva fecha, la aprobación de los dictámenes de la elección federal y de las primeras seis entidades será este miércoles; el viernes 10 de julio se discutiría y aprobaría lo relacionado con otros estados, y se tiene prevista la conclusión para el sábado.

Lo anterior, a efecto de que se entreguen los dictámenes y proyectos de resolución a los partidos políticos con seis días de anticipación a la aprobación definitiva en el Consejo General, conforme al reglamento.

Más anuncios espectaculares

Al mismo tiempo, Murayama informó que el monitoreo de anuncios espectaculares realizado por la Unidad Técnica de Fiscalización tomó nota de que se usaron 40 mil 66, es decir, 12 mil más de lo que se comprobó en las elecciones presidenciales de 2012. Esto significa un incremento de casi 40 por ciento en la detección de este tipo de propaganda durante las campañas.

Sin embargo, se conoció que aún hay diferencias de criterios sobre cómo se abordarán algunos temas, especialmente los relacionados con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y los gastos que hizo en diversas acciones proselitistas que en su momento fueron sancionadas por trasgredir la ley.

Las diferencias radican en la forma en que se clasificará dicho gasto efectuado durante la fase previa al inicio de la campaña, toda vez que existen diferencias, pues para un sector está claro que debe ser cargado como erogaciones para la campaña, pero otros consejeros afirman que deben tomarse como parte del gasto ordinario.

En este contexto estaría aún por definirse si los recursos para las tarjetas platina, los boletos de cine, los paquetes escolares y otro tipo de utilitarios repartidos durante la intercampaña deben contabilizarse como parte de los gastos.

De lo poco que ha trascendido sobre el sentido de los dictámenes, se conoce que al menos cinco de los candidatos del PVEM –uno de ellos en coalición con el PRI y todos perdedores– rebasaron el tope de gastos de campaña, lo que implicará sanciones económicas.

La adecuación de los plazos legales de la Comisión de Fiscalización fue posibilitada, entre otros aspectos, por la indefinición de las fechas en la legislación que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para el caso de los comicios federales.

Según la norma electoral, hay contradicciones sobre el plazo final que tienen los magistrados para definirlo, dado que en una parte se habla del 23 de agosto y en otros de julio, aunque el criterio asumido por los magistrados optó por el primer mes.