Organizaciones de defensa de los derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional (AI), solicitaron que el Senado pida a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar desde qué niveles se giró a los militares que participaron en el caso Tlatlaya la orden ‘‘abatir en la oscuridad’’.

Durante un diálogo sobre fuerzas armadas, seguridad pública y derechos humanos, las ONG y los especialistas solicitaron también que esa cámara del Congreso pida al Ejecutivo federal un calendario sobre el retorno del Ejército a sus cuarteles.

En ese sentido, se manifestaron por que no se modifique la Constitución para legalizar la participación de militares en el combate al crimen organizado, debido a que ‘‘sería muy peligroso’’ modificar el marco jurídico, como solicitó el secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, resaltó Perseo Quiroz, director de Amnistía Internacional México.

Recalcó que de acuerdo con el derecho internacional, el Ejército no debe estar en las calles, y si se insiste en la modificación constitucional, tendría que convertirse en policía con controles democráticos. A su juicio, lo que se requiere para salir de la crisis de seguridad en que se encuentra el país es construir instituciones policiales fuertes con rendición de cuentas.

En ese ‘‘conversatorio’’, organizado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Angélica de la Peña (PRD), el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, José Antonio Guevara, sostuvo que lo ocurrido en Tlatlaya no es un hecho aislado. Hizo notar que cuando Felipe Calderón puso en marcha ‘‘su guerra’’ contra el narcotráfico, se acuñaron eufemismos como ‘‘abatido’’, en referencia a la privación de la vida de personas e integrantes del crimen organizado.

Refirió asimismo que el propio presidente Enrique Peña Nieto, en su segundo Informe de gobierno, señaló que ‘‘se neutralizaron 84 objetivos relevantes de la delincuencia organizada, de los cuales 13 fueron abatidos y 71 capturados’’.

Por su parte, el director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo, sostuvo que Tlatlaya ‘‘es un síntoma terrible, extremo, de una enfermedad que no es nueva, donde se cometió una masacre’’, y demandó que ante esto el Senado no se quede callado.

A su vez, el director del Centro de Derechos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, comentó el informe que esa ONG dio a conocer la semana pasada, basado en un documento de la Sedena, donde se da cuenta de que hubo una instrucción precisa a elementos de tropa para actuar de manera masiva ‘‘en la oscuridad a fin de abatir’’ delincuentes.

‘‘No estamos fincando responsabilidad a ningún general, a ningún militar; lo que estamos diciendo es que se tiene que investigar la responsabilidad institucional por el riesgo que puede significar este tipo d órdenes.’’

La preocupación, recalcó el activista, es que este tipo de órdenes puedan ser emitidas de manera sistemática. Agregó que no se trata de un debate nuevo, sólo que ahora hay otro componente, que es contar con documentos oficiales de los que se infiere que hay órdenes institucionales que incentivan la violación de derechos humanos, subrayó Patrón.