El Gobierno del Distrito Federal falseó información para pagar una cantidad cien veces menor a lo que corresponde por la expropiación de tierras del ejido Culhuacán, donde se construyó la estación del mismo nombre de la línea 12 del Metro, al utilizar un indicador de actualización inexistente, denunciaron afectados.

Con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la Consejería Jurídica y de Servicios Legales entregó en abril un cheque por 776 mil 563.81 pesos al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal para cumplimentar el decreto expropiatorio de 1938.

El pago por los 18 mil 600 metros cuadrados expropiados ese año, señalaron, era de 8 mil 457.54 pesos, por lo que para determinar su valor utilizó el factor de actualización del INPC más reciente y no el más antiguo estipulado en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

De esta manera, el director general de servicios legales de la Consejería, Jesús Rodríguez, contesta al emplazamiento del juzgado décimo de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, que le ordenó finiquitar este proceso, precisó Ernesto Fernández.

El representante de los 203 ejidatarios afectados señaló que ese “intento de pago no procede, porque el mismo Banco de México, el 12 de abril pasado, le informó a la Consejería que el índice comenzó a publicarse en 1969, por lo que antes de ese año no existe un indicador equivalente en términos metodológicos y de cobertura.

Para construir la línea 12 del Metro, el gobierno capitalino expropió tierras ejidales en Culhuacán y TláhuacFoto Alfredo Domínguez

Una respuesta similar recibió del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el 17 de abril, al solicitarle su apoyo para la actualización del monto a pagar, cuya información data de 1969 a la fecha, aunque es hasta 2011 cuando se encarga de elaborar los indicadores económicos, indicó.

Cinco días después, sin embargo, se envía al consejero jurídico, José Ramón Amieva, un documento con la actualización del índice, que arroja 776 mil 563.81 pesos, firmado por el ingeniero Mario Olivera Hernández, cuando debió ser un contador el que hiciera la estimación.

En el documento, comentó, se lee que esa actualización se realizó aplicando el INPC, que es calculado por el Banco de México, cuando el subgerente jurídico de lo contencioso, Rodolfo Luna de la Torre, y la jefa de la Oficina de Consultas Judiciales e Instrumentación Hipotecaria de la institución, Myriam Palacios Ortega, dijeron que no había ningún indicador equivalente.

Por ello, exigió que sea el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) el encargado de llevar a cabo el avalúo de las tierras expropiadas, a precio comercial, como corresponde en este caso, y no con la actualización de su valor, con un índice inexistente para ese año del siglo pasado, lo cual arrojaría una cantidad cercana a los 100 millones de pesos, señaló Fernández.