El sector empresarial consideró que el retraso en la acción penal contra funcionarios involucrados en la suspensión del servicio en la línea 12 del Metro “tiene más tintes políticos que técnicos o de justicia. Desde el año pasado eran conocidos los problemas que presentaban los trenes con relación a las vías y curvas construidas y hubo voces que dijeron que era innecesario cerrarla.

Las autoridades capitalinas, sin embargo, dejaron sin servicio a 450 mil usuarios diarios, que tardan un promedio de dos horas y media para llegar a su destino, invirtiendo hasta 30 pesos de sus ingresos, señaló.

En la presentación de los resultados de la iniciativa #YoMeMuevo, a la que se sumaron siete jefes delegacionales y 17 diputados locales para implementar acciones en materia de movilidad, Maité Ramos consideró que las investigaciones deben ir más allá de los funcionarios del anterior gobierno.

La encargada de Movilidad de la Coparmex-ciudad de México señaló que el director del Sistema de Transporte Colectrivo, Joel Ortega Cuevas, también es responsable de lo que está sucediendo en esa línea.

Por ello, pidió que más allá de revanchas políticas, se trabaje para que la parte elevada de la línea 12 reabra sus puertas en noviembre, como se comprometió el jefe de Gobierno.