Moscú.

Rusia quiere prohibir –sin mediar resolución de una corte– toda actividad en su territorio de instituciones y organizaciones no gubernamentales foráneas que, a juicio del Consejo de la Federación, la cámara alta del Parlamento ruso, cumplen funciones desestabilizadoras y, por tanto, representan una amenaza a los intereses nacionales y la seguridad de este país.

Con tal propósito, los senadores aprobaron este miércoles remitir a la Procuraduría General, a la cancillería y al Ministerio de Justicia la primera lista de candidatos a ser expulsados de Rusia, no por recibir financiamiento desde el exterior, sino por realizar acciones claramente hostiles contra la Federación Rusa de modo directo o a través de intermediarios, de acuerdo con la presidenta de la Cámara, Valentina Matviyenko.

La lista negra contiene 12 nombres de oficinas de representación y ONG, siete de ellas con sede en Estados Unidos, tres en Ucrania y dos en Polonia.

Las estadunidenses son la Fundación Soros, como se conoce en Rusia a las Fundaciones para una Sociedad Abierta del multimillonario George Soros; la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés); el Instituto Republicano Internacional, el IRI del senador John McCain, la Freedom House, el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, así como las Fundaciones MacAr-thur y Charles Stewart Mott.

De Ucrania se incluyeron el Congreso Mundial Ucranio, el Consejo Coordinador del Mundo Ucranio y la Misión de Campo sobre Derechos Humanos en Crimea, mientras de Polonia están la Fundación Educación para la Democracia y el Centro Democrático de Europa del Este.

El documento aprobado por el Consejo de la Federación –denominado Stop-lista patriótica– carece de fuerza de ley y su importancia radica en que es la primera recomendación para que las tres dependencias rusas mencionadas, en ejercicio de la soberanía nacional, tomen las medidas que estimen pertinentes para cesar la presencia de las ONG y su actividad en Rusia.

Figurar en la relación senatorial es la antesala de la expulsión, en el supuesto de que persistan en no abandonar el territorio ruso de manera voluntaria. De ser así, la procuraduría y la cancillería se encargarán de determinar los fundamentos legales para que el Ministerio de Justicia aplique la ley de organizaciones extranjeras indeseables, también de reciente aprobación.

Según ésta, las ONG que representen una amenaza contra el orden constitucional, la capacidad de defensa y la seguridad nacional de Rusia podrán ser catalogadas de indeseables y, sin mediar resolución judicial, deberán cesar toda actividad en el territorio de la Federación Rusa, también quedará prohibido difundir sus materiales informativos, en tanto los ciudadanos rusos que colaboren con ellas tendrán que pagar multas.

Estas medidas, subrayan sus promotores, se deben a la decisión del Congreso de Estados Unidos de autorizar, en el presupuesto del próximo año, una suma equivalente a 20 mil millones de pesos mexicanos para labores que deben fortalecer la democracia en Rusia, una cantidad que duplica lo asignado en años anteriores.

La recomendación del Consejo de la Federación señala, en su preámbulo, que Rusia hace frente hoy al mayor ataque del cuarto de siglo reciente contra sus intereses nacionales, valores e instituciones, que busca influir en la situación política interna, destruir la unidad patriótica del pueblo y frenar los procesos de integración en el espacio postsoviético.

Hay aquí también voces discordantes de expertos, que no militan en la oposición al Kremlin, como Aleksei Arbatov, director del Centro de Seguridad Internacional, adjunto al Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de Moscú, quien no comparte la iniciativa senatorial y se pregunta: Si nuestros gobernantes tienen 89 por ciento de apoyo de la población, ¿qué daño pueden causarles estas ONG (candidatas a la expulsión)?