Utilizar el presupuesto base cero como pretexto para reducir el programa especial concurrente (PEC), que integra los recursos para el campo, es violar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual señala que los fondos deben incrementarse cada año en términos reales, dijo Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

La propuesta del organismo, especificó, es que en lugar de que haya 150 programas o más diseminados en diversas instituciones del gobierno federal, sólo se tengan 30 o 40 en una sola ventanilla, con una regla de operación general y simplificada, además de que se deje de utilizar los recursos en políticas asistencialistas. El presupuesto debe ser para impulsar el desarrollo productivo, por lo que se requiere terminar con la concentración del dinero público, ya que 70 por ciento de éste se entrega a 10 por ciento de los grandes productores.

El gobierno pretende recortar 360 mil millones de pesos al presupuesto de 2016, si se consideran los 120 mil millones que restó este año al gasto público, pues argumenta que la crisis europea amenaza con devaluación del peso y fuga de capitales, y habrá un estancamiento económico, agregó Suárez Carrera.

Sostuvo que el campo es vital para la reconstrucción económica, social y alimentaria del país, por eso los recursos deben entregarse a los pequeños productores. En esa batalla tenemos que concentrarnos todas las organizaciones sociales del campo, advirtió.

Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), consideró que el presupuesto base cero es sólo un pretexto para eliminar programas sociales al sector campesino. La estructura programática propuesta por la Secretaría de Hacienda incluye simples fusiones para recortar los proyectos dirigidos a los pequeños productores.

Advirtió que esos cambios, que son un engaño, acrecentarán la pobreza y el hambre en el sector rural.