La modernización del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reducción de sus costos, que este año ascienden a 13 mil 216 millones de pesos, esperarán a 2016.

La comisión de modernización institucional se instaló ayer y su presidente, el consejero Javier Santiago, explicó que ese proyecto impactará muy poco este año, porque primero aplicarán encuestas y más diagnósticos para determinar qué cambios se requieren.

Tras haber gastado 16 millones de pesos en un estudio elaborado por la empresa Deloitte en 2013, el INE contratará a una consultora externa para evaluar nuevamente los programas.

Santiago dijo que el análisis de Deloitte –que planteó la posibilidad de ahorrar 2 mil millones de pesos en seis años– está “desfasado de la historia.

El estudio fue sobre el IFE, y desde mi punto de vista Deloitte tiene omisiones relevantes. Hace sugerencias que implicaban reformas a la ley que la institución no puede realizar. No tenemos atribución ni competencia, lo cual no significa que no haya aspectos positivos que rescatar, dijo.

Según el programa de trabajo, aprobado ayer por la nueva comisión temporal, entre julio y octubre se aplicarán encuestas de opinión sobre algunos procesos que realiza el INE y se analizarán los resultados del diagnóstico, las evaluaciones y las auditorías.

En noviembre se presentará la propuesta de ajuste a la estructura administrativa; en diciembre los temas para el plan estratégico del INE 2016-2025, y en enero sería aprobado por el Consejo General.

Como el INE tiene 73 nuevas atribuciones y responsabilidad nacional, hay que repensar su estructura en el ámbito central, así como en las juntas distritales y locales, planteó Santiago en entrevista. Sin embargo, no quiso aventurar conclusiones, porque, dijo, hay personal que tendrá que ser incluido en el servicio profesional y se desconoce cuánto costará su administración, que quedará a cargo del instituto.

Sobre si cumplirán con esta modernización, porque se pospuso la planteada por Deloitte, respondió: Yo aceptaría la crítica dentro de un año si no cumplimos.

Anunció que en 2015 la modernización institucional permitirá que no se amplíe la plantilla del Registro Federal de Electores para el proceso de credencialización en el extranjero.

Solicitado por el entonces Instituto Federal Electoral, un estudio de Deloitte sobre la estructura del organismo revelaba desorden administrativo que impactaba en el costo de operación; duplicidad de funciones; ineficiencia en el funcionamiento de áreas claves como la dirección ejecutiva de prerrogativas; recursos para la supervisión del instituto –con efecto muy reducido– y la necesidad de compactar áreas y desaparecer otras que se consideraban inoperantes.