La ley se debe cumplir, de lo contrario ‘‘es letra muerta’’, advirtió Eduardo Backhoff Escudero, consejero del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien afirmó que en México se corre el riesgo de que la implementación de la reforma educativa cree una isla de tres estados –Oaxaca, Michoacán y Chiapas–, donde los maestros no se evalúan, mientras que sí lo hacen en otros 29.

En entrevista con La Jornada, afirmó que en el instituto ‘‘estamos preocupados porque la reforma llegue a buen término’’, pues agregó que en esas tres entidades se concentra 13 por ciento del magisterio nacional.

Aseguró que cuando un grupo ‘‘tan importante de tres estados se opone radicalmente, incluso violentamente a ser evaluados, el país también se encuentra atrapado para hacer valer la ley’’.

Backhoff Escudero señaló que el INEE considera a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el ‘‘grupo de mayor importancia en el país que se ha opuesto a la reforma’’, pues ha logrado impedir que no sólo sus militantes y simpatizantes se evalúen, sino incluso a quienes ‘‘sí lo quieren hacer violentando sus derechos y su persona’’.

Comportamiento ‘‘negativo y feo’’

El funcionario consideró ‘‘muy grave’’ que ante un comportamiento ‘‘negativo y feo’’ del sector de docentes que se oponen a los procesos de evaluación, quienes ‘‘han agredido, violentado, incluso rapado maestros y quemado (papelería), comportándose de una manera que socialmente es inaceptable, el Estado no ponga fin a algo detestable y que las autoridades no defiendan a las personas agredidas’’.

La ley, dijo, se debe aplicar conforme a derecho. Agregó que es necesario hacer un esfuerzo nacional que involucre a todas las fuerzas del Estado, incluido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ‘‘que no se ha visto presente en estas negociaciones para resolver este conflicto’’.

Hasta ahora, aseguró, ‘‘enfrentamos un problema menor’’ porque se trata de evaluaciones voluntarias (promoción e ingreso al servicio profesional docente), pero en los próximos meses, explicó, ‘‘vendrá la de desempeño, que es obligatoria por ley, ¿y qué va a suceder en estos estados?, no lo sabemos. Ojalá se entrara en razón’’.

–¿Qué pasa si se niegan a participar en la evaluación obligatoria? –se le preguntó.

–Si se aplicara la ley perderían el trabajo.

‘‘Aunque no está claro si en el primer momento que se rehúsen a evaluarse pierden el empleo; es decir, en esta primera evaluación. O si lo que ocurre es que se les tomará como la primera evaluación no realizada y por tanto se les contaría como una primera oportunidad. No está claro si es una u otra, esto se tendría que ver con un especialista jurídico.’’

–¿No está suficientemente claro en la ley?

–A mí no me queda suficientemente claro.

Agregó que también han surgido otras propuestas para que, en el caso de los tres estados donde no se han aplicado las evaluaciones, ‘‘se aplace, que se llegara a un acuerdo y se defina que en estos estados habrá un tiempo distinto al del resto de las entidades para que se pueda aplicar, pero no hay ningún compromiso. He oído que es una vía que se está tratando de buscar’’.

Aseguró que el problema de la reforma educativa ‘‘no es legal, sino práctico. Que se dé o no”, aunque aseguró que 87 por ciento de los docentes ‘‘sí se han evaluado y han trabajado en pro de las reformas’’.

Dijo que la CNTE tiene dos grandes razones para oponerse a su aplicación: ‘‘El miedo natural que todos tenemos de que se nos evalúe y se nos exponga en mayor o menor grado, lo que han explotado muy bien. Nadie quiere ser evaluado y expuesto con los resultados. Y la otra es que la reforma viene a terminar con los vicios históricos en el que un pequeño grupo de docentes sindicalizados se han apoderado totalmente de la educación y sobre todo de los recursos’’.

Se ‘‘usufructúan las cuotas sindicales y han colonizado la educación, al menos en Oaxaca, donde 95 por ciento de sus profesores, directores, supervisores, e incluso del Instituto estatal de Educación (IEEPO), son de la propia coordinadora.

‘‘Ellos deciden quiénes ingresan, quiénes tienen cargos. Es un poder que uno no puede dejar de ver. Tienen el control de más de un estado. Quiénes ingresan y se promocionan. Representan un poder importantísimo, fáctico’’.

Es una razón, dijo, ‘‘muy poderosa, por lo cual no quieren entrar en la reforma educativa. Nadie quiere perder prebendas. Las dos cosas se juntan. El poder más el miedo; lo multiplicas y te da una situación como la que vivimos en los estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero’’.