Organizaciones civiles y de derechos humanos, así como asociaciones de operadores comunitarios de agua potable del estado de México denunciaron la pretensión del Congreso local de aprobar una iniciativa de ley que desmantelaría los sistemas comunitarios a fin de municipalizarlos y luego privatizarlos.

Es una iniciativa similar a la Ley General de Aguas que impulsó el gobierno federal y que el Congreso suspendió debido a la presión social, señalaron.

En conferencia de prensa, explicaron que el diputado local priísta Amador Monroy presentó la iniciativa, y aunque la actual legislatura está por concluir, se teme que sea aprobada en breve.

Los argumentos de la exposición de motivos son falaces, tendenciosos y pretenden ocultar que la verdadera intención es privatizar el servicio de agua potable en la entidad y eliminar a los grupos y asociaciones que han defendido el agua y el territorio contra el proyecto de urbanización salvaje.

En unos 60 municipios de los 125 que tiene el estado de México asociaciones comunitarias operan los sistemas de agua, que ofrecen el servicio con tarifas mucho más bajas que los operadores municipales y empresas concesionarias.

A la conferencia acudieron representantes de red de operadores de varios municipios mexiquenses, entre ellos los de Tecámac e Ixtapaluca, y varios de poblados del oriente de la entidad, así como de la Coordinadora de Agua para Todos y del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quienes también denunciaron que se han cometido al menos 150 agresiones a defensores de derechos humanos en el actual gobierno.