Madrid.

La justicia española rechazó indemnizar a los familiares y a las víctimas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), formados en la década de los años 80 del siglo pasado por agentes de la Guardia Civil y financiados con los fondos reservados del ministerio del Interior del gobierno de ex presidente Felipe González, con la intención de acabar con el grupo armado vasco ETA.

La Audiencia Nacional de España se negó a recompensar a los familiares de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, dos jóvenes vascos de 21 y 23 años respectivamente, que fueron secuestrados, torturados, ejecutados y desaparecidos en 1983 en Valencia, hasta que un hecho fortuito permitió su hallazgo 10 años después.

Primero fue el gobierno del conservador Mariano Rajoy, quien rechazó el derecho a la indemnización, la que sí han recibido las víctimas de otros atentados terroristas como los perpetrados por la organización armada vasca ETA o el integrismo islamita.

Ahora, en una polémica sentencia la Audiencia Nacional rechazó los recursos presentados por los familiares de Lasa y Zavala, con el argumento de que estas personas presuntamente formaban parte de ETA, por lo que no son considerados víctimas del terrorismo.

Así consta en al menos dos sentencias dictadas por la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo en las que el tribunal confirma la decisión del Ministerio del Interior de rechazar las indemnizaciones solicitadas por las familias de las víctimas que llevan décadas clamando justicia; primero por encontrar los restos mortales de sus seres queridos y después por conseguir sentar en el banquillo de los acusados a los principales responsables del crimen.

Más de 17 años después de los asesinatos de Lasa y Zabala, fueron condenados sus principales ejecutores, entre ellos los ex ministros del Interior socialista, José Barrionuevo y José Luis Corcuera, el ex secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera, el comandante de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, y los agentes Felipe Bayo, Angel Vaquero y el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaba.

Hasta abril de 2000 la justicia española condenó a los responsables de estos crímenes, sentencia que fue ampliada un año después por el Tribunal Supremo y ratificada tanto por el Tribunal Constitucional como por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

A pesar de las gravedad de los delitos, el aparato de justicia español aprovechó las medidas penitenciarias favorables y trato de favor de la administración para lograr que en la mayoría de los casos los acusados sólo llegaran a cumplir cincos años de cárcel a pesar de que fueron condenados a más de 365 años.

La Audiencia Nacional también negó cualquier tipo de indemnización para los familiares de Josu Muguruza, diputado de la ilegalizada coalición separatista vasca Herri Batasuna, quien fue acribillado en Madrid en 1989, por un supuesto comando de los GAL.