Un proyecto de cinco torres se ejecuta en cuatro predios fusionados de la colonia Condesa, donde se ubican casas con valor arquitectónico y han sido talados 16 árboles, con licencias vencidas y sin un estudio de impacto urbano, denunciaron vecinos que exigieron una moratoria de construcciones.

Además, el polígono de actuación presentado por el despacho de Javier Sánchez y Arquitectos es ilegal, pues no pasó por la revisión de la Asamblea Legislativa, con base en el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Urbano, por la complicidad y gestoría interna de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi).

Ello, dijeron, ha permitido que amenacen verbal y físicamente a los dueños de predios colindantes para que vendan, como sucedió con el kínder ubicado en la calle Cuernavaca 16, o un edificio que se encuentra en Juan de la Barrera 25 y 27, donde hasta vigilancia privada pusieron.

En conferencia de prensa, María Luisa Yllena Gil y María Chaverrí, coordinadora interna y secretaria técnica del comité ciudadano de la colonia Condesa, explicaron que el proyecto denominado Juan de la Barrera 37 Sapi, incluye construir 92 departamentos y un estacionamiento subterráneo con 128 cajones.

Para ello adquirió los inmuebles ubicados en el número 33 de esa calle, así como los de Cuernavaca 10 y 14, contando con una extensión de 2 mil metros cuadrados, donde edificará las torres de 10, nueve, ocho, seis y cinco pisos, que van en contra de los tres niveles autorizados para la zona, señalaron.

Su edificación significa un riesgo en materia de protección civil, por ser un área de alta sismicidad, ya que la atraviesa una falla geológica, pero, dijeron, en lugar de ponerle un alto, se le autorizó otro proyecto, que comprende las calles Pachuca, Veracruz, Agustín Melgar y Mazatlán.

Asimismo, se incluye el Centro de Transferencia Modal de Chapultepec, donde construirán un centro comercial, un hotel-boutique y una torre de 41 pisos sobre Lieja, con lo que “las 67 manzanas de la colonia Condesa se encuentran saturadas, gracias a la colindancia con la ilegalidad y la corrupción de la Seduvi, la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto de Verificación Administrativa y la delegación Cuauhtémoc, afirmaron.

José Armando Bonilla, inquilino de Juan de la Barrera 25 y 27, denunció que la demolición de varias viviendas se llevó a cabo sin previo aviso, tomando desprevenidas a las familias , por lo que se presentaron dos denuncias penales, mismas que no han sido resueltas; mientras, continúa la intimidación de golpeadores para que vendamos nuestras propiedades y las fusionen.

Hoy, elementos de seguridad privada impiden el acceso a invitados o familiares de los 13 inquilinos que aún quedan en el lugar, donde el temor y la zozobra es de todos los días, pues no sabemos si al regresar a nuestra casa todavía estará en pie, afirmó.

Mencionaron que los representantes legales del despacho son Álvaro Becker y el ex procurador general de la República Ignacio Morales Lechuga, y tal vez por eso tienen luz verde para violar la norma en la materia, provocando la expulsión de los actuales habitantes, por un crecimiento desordenado, que colapsará los servicios, y provocará el incremento del costo de la vida en la zona.