Académicos, músicos, diversos colectivos y organizaciones de derechos humanos expresaron rechazo a la imposición de la autopista Toluca-Naucalpan y al decreto presidencial de expropiación de casi 38 hectáreas de tierras de agostadero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, en el municipio mexiquense de Lerma.

En conferencia de prensa, pobladores y representantes de esas organizaciones denunciaron que antes del decreto expropiatorio llegó al lugar maquinaria pesada, resguardada por elementos policiacos, para destruir cientos de metros de cultivos, casas y bosque, para continuar la obra.

En el contexto de una lucha que lleva más de ocho años contra ese proyecto, pobladores y representantes de las organizaciones expresaron que esta oposición se debe a que la obra representa un grave daño ecológico al área natural protegida denominada Bosque de Agua, donde se recarga la mayor parte del acuífero del Lerma.

Además, señalaron que la medida autoritaria del decreto busca garantizar la inversión multimillonaria para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan que actualmente realiza la Constructora Teya, subsidiaria del Grupo Higa, la misma vinculada a la Casa Blanca, y al inmueble del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco.

El decreto señala que la comunidad ya fue consultada, hecho que fue tajantemente desmentido durante la conferencia, en que se denunció falta de información, imposición y utilización facciosa de la justicia, además de actos de represión y amenazas contra quienes se oponen a este proyecto.

En un pronunciamiento colectivo, pobladores y organizaciones solidarias señalaron que el decreto de expropiación se suma a una larga lista de irregularidades para legalizar y consagrar el despojo, pese a la resistencia de más de ocho años de las comunidades indígenas de Xochicuautla, agrupadas en el Frente del Pueblos en Defensa de la Madre Tierra.