En las cuentas de los partidos políticos quedaron 365 millones de pesos después de las elecciones del 7 de junio, según cifras preliminares, y un grupo de consejeros electorales pugna porque el dinero sobrante se devuelva, por primera ocasión al erario.

Este número se obtiene al restar de los ingresos (públicos y privados) obtenidos por los partidos políticos lo que gastaron en las campañas federales y 17 en los locales. El consejero Benito Nacif informó esta cifra, pero explicó que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral todavía tiene que rastrear de qué cuentas salieron los recursos para dar un monto final.

Nacif promueve, respaldado por otros consejeros, que este dinero sea rembolsado, por primera vez, a las tesorerías de la Federación y de los estados por considerar que sentarán un precedente importante.

La medida no sólo tiene sólida fundamentación en la Constitución y en la ley, establece incentivos para un comportamiento responsable de los partidos políticos. Si no compruebas el gasto tendrás que devolverlo, expresó en relación con esta propuesta que se votará el próximo lunes en la sesión del Consejo General del INE.

Explicó que la Constitución dice muy claramente que esos recursos se otorgan para un fin específico, que son gastos de campaña y que deben ejercerse en el proceso electoral.

Además, hay una disposición contundente y clara en la ley electoral en relación con que el financiamiento público sólo se puede aplicar a los fines para lo cual se otorgó. Permitir que los partidos retengan esos recursos es permitir que se destinen a un fin distinto.

Al preguntarle si los partidos políticos podrían evadir devolver el dinero alegando que gastaron los recursos dados por la federación y les sobraron lo obtenido por aportaciones privadas, respondió: Pueden decir lo que está en su interés y conveniencia y tienen que demostrarlo con comprobantes que marca el Reglamento de Fiscalización.

Indicó que hay un remanente de cerca de 200 millones de pesos en el ámbito federal, o sea la diferencia entre lo que se dio a los partidos políticos y lo que gastaron, aunque es posible que una parte la hayan destinado a transferirlas a campañas locales: deberá investigarse.

Sin embargo, el tema no ha generado consenso entre los consejeros electorales, como el propio Nacif reconoció: Hay división en la Comisión de Fiscalización y en el Consejo General. No puedo decir si hay mayoría respaldando una propuesta o de dejar las cosas como están.

Ante este escenario, informó que siguen tratando de avanzar en la construcción de acuerdos. Esto, porque si bien la medida prosperó en la Comisión de Fiscalización con los votos de tres de cinco integrantes, hay otros, como el presidente de esa comisión, Ciro Murayama, que la rechaza por considerar que no tiene fundamento legal.