Organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales y de la academia exigieron al Senado que el Estado mexicano firme y ratifique la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores con perspectiva de género.

Además, expresaron su preocupación ante la reducción presupuestaria anunciada por el gobierno federal para el próximo año, que con la llamada base cero pueda afectar los programas de apoyo y ayuda alimentaria hacia este sector de la población, por lo que exhortaron a los poderes Ejecutivo y Legislativo a respetar las leyes que garantizan estos derechos a los adultos mayores.

Entre las organizaciones firmantes de la petición entregada al Senado están la Comisión de Derechos Humanos del DF, la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, 16 Redes de Promotores de Derechos Humanos, Enclave y Equidad Social y Transparencia, entre muchas otras que conforman el Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, creado en 2011.

En conferencia de prensa, se informó que esta convención, aprobada en junio pasado por la Organización de Estados Americanos (OEA), es el primer instrumento regional de su tipo en el mundo, que contiene más de 40 artículos específicos para asegurar el reconocimiento y el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores, además de que en su redacción el respaldo a la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas dirigidos a las personas adultas mayores.

La firma y ratificación de este documento internacional por el Estado implicaría la armonización de la legislación nacional con lo que establece dicha convención, garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas mayores, en términos de exigibilidad jurídica.