duardo Backhoff Escudero, integrante de la junta de gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), dijo ayer que desconoce el monto de recursos públicos que se destinan para la evaluación docente, porque son datos que tiene la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La pregunta realizada al funcionario sobre el costo total de la evaluación docente, que no supo responder, no es ociosa: se trata del elemento central de la reforma educativa aprobada por el Congreso de la Unión en los primeros dos años de este sexenio, e implica, hasta donde se sabe, un gasto multimillonario que involucra, en efecto, recursos de la SEP, pero también de los gobiernos estatales y del propio INEE, cuyo presupuesto asciende a mil 20 millones de pesos en 2015.

Para colmo, ese gasto se ve desvirtuado por la andanada de críticas que enfrenta la evaluación magisterial tanto por los docentes como por especialistas e investigadores en materia educativa, por considerarla un atentado a las condiciones contractuales y los derechos laborales del magisterio, pero también por cuanto se pretende, mediante ella, reducir los rezagos educativos del país –que obedecen a determinantes de índole estructural– a un mero problema de desempeño individual de los docentes, que en nada ayuda a atender de raíz tales rezagos.

El desconocimiento exhibido por Back­hoff Escudero respecto de uno de los aspectos centrales de la reforma educativa –a saber, el costo que su aplicación representa para los contribuyentes– resta crédito a sus críticas en contra del magisterio disidente en el sentido de que se oponen a la evaluación docente porque ignoran la ley.

Por el contrario, la opacidad con que se manejan las cifras referidas es consistente con la forma antidemocrática y poco transparente como se procesó la reforma educativa en el Congreso de la Unión, sin tomar en cuenta la opinión del magisterio ni de los académicos, pedagogos y organismos de la sociedad civil que han manifestado desde hace años su escepticismo a mecanismos como el referido, por considerarlo punitivo, injusto e ineficiente en tanto forma de elevar la calidad de la enseñanza. La misma opacidad pudo observarse durante el proceso de selección de evaluadores y certificadores recientemente realizado por el propio INEE.

Es deseable y necesario que los funcionarios responsables de aplicar los aspectos centrales de la reforma educativa se concentren en aclarar ante la población los puntos oscuros de la misma antes que en fustigar a los sectores del magisterio, la academia y la sociedad en general que la critican. Por lo demás, llama la atención que los membretes empresariales que han emprendido campañas de linchamiento contra los grupos de docentes que se movilizan contra la reforma mencionada omitan criticar también la proverbial opacidad que ha caracterizado a las autoridades educativas del país en el proceso de diseño e implementación de la misma. Tal actitud no es, desde luego, congruente con el pretendido interés en elevar la calidad de la educación en el país.