En Internet, los latinoamericanos somos completamente dependientes de un pequeño grupo de países que dominan el diseño del hardware y software con el que navegamos y la creación de contenidos, que además regulan mediante tratados comerciales lo que podemos compartir en la red.

Defensores de derechos digitales en varios países de la región consideran que la idea de una aldea global en la que todos los que acceden a Internet están en condición de igualdad no es cierta para América Latina, pues llegamos tarde a la revolución tecnológica.

Representantes de organizaciones como Web We Want, Derechos Digitales, Red R3D, Artículo 19 y la Electronic Frontier Foundation coincidieron en que si en el momento actual, cuando se inicia la Sociedad de Conocimiento, la región no toma decisiones de política pública soberanas en temas de tecnología, los latinoamericanos seremos simples espectadores de esta revolución.

En el panel Libertad en internet en América Latina, realizado en Wikimanía, la conferencia internacional de Wikipedia que este año se celebra en la ciudad de México, la guatemalteca Renata Ávila, de Web We Want, sostuvo que en la región “no vamos a tener el próximo Silicon Valley ni un nuevo Google, por la desigualdad, pero debemos empezar a defender los espacios que nos quedan con políticas públicas acordes a nuestras necesidades y nuestra visión. No compremos el discurso del Internet freedom” en el que un solo lado provee todo.

En entrevista, Ávila aseveró que en la carrera tecnológica nuestros países son únicamente consumidores pasivos, pues no establecen las reglas del juego, no cuentan con grupos en Bruselas o Washington que cabildeen para que las leyes mundiales nos sean benéficas ni producen tecnología. “Lo que podemos hacer es invertir en infraestructura, en educación e investigación. Sin esto no vamos a poder solucionar nuestros problemas de software y hardware hecho en China, en Japón, en Estados Unidos. Usar herramientas creadas por otros al final del día sólo beneficia a economías y compañías de esos países”.

Paz Peña, de la organización Derechos Digitales, con sede en Chile, explicó que con los tratados de libre comercio los grandes creadores de contenidos defienden sus intereses y merman el derecho al acceso a la cultura de los ciudadanos. Hoy día estos tratados exportan la ley estadunidense de derechos de autor, pues regulan la propiedad intelectual. Generalmente hay presión de las industrias, como la hollywoodense, que exigen que aumente el periodo de vigencia de estos derechos, y así hemos pasado de 50 a 70 años de vigor.

El aumento de las vigencias no va acompañado de leyes que regulen los derechos de los ciudadanos a acceder a la cultura. Y añadió que si cada vez hay más derechos de autor, posiblemente cada una de nuestras acciones en la red estén ligadas a ellos, pues todo el tráfico de Internet está vinculado a fotos, películas y contenidos creados, por ejemplo, por periodistas.

Katitza Rodríguez, de Electronic Frontier Foundation, expresó su preocupación por las leyes en distintos países de Latinoamérica para retener datos y comunicaciones de los ciudadanos. Citó Honduras y Chile, donde por cinco años las compañías proveedoras de servicios deben guardar información de sus usuarios, la cual puede ser solicitada por el Estado. Refirió que esos periodos son mayores que los pensados para Europa. Los ciudadanos, aseveró, deben exigir a sus gobiernos transparencia en el uso de los sistemas de vigilancia, pues antes, cuando la policía tocaba a la puerta para buscar información en nuestras casas, al menos sabíamos lo que pasaba. Ahora la policía le toca la puerta a Facebook y a Google para pedirle los datos sin que nos enteremos.