Zimapán, Hgo.

La empresa metalúrgica El Espíritu y otras asentadas en el municipio de Zimapán intensificaron el traslado de montañas de desechos de minería a un par de metros de viviendas en San Miguel, El Faz, Barrio Los Pilares y otras localidades, lo que ya provoca estragos en la salud de los pobladores y al medio ambiente.

El agua ha empezado a escasear; un río se contaminó con los polvos y escurrimientos de los jales (que contienen arsénico, azufre, cianuro y otros tóxicos), los vecinos padecen irritación de ojos y garganta, y ya hay daños en cultivos, manifestaron pobladores.

Los quejosos han enviado oficios a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la alcaldía de Zimapán, encabezada por el priísta Carlos Ortiz, que los han ignorado.

Alejandra Rojas Álvarez, integrante de la agrupación Comunidades Unidas de Zimapán y vecina de San Miguel, denunció que con la promesa de progreso y empleo, desde 1980 las empresas mineras El Espíritu, Fago y otras comenzaron a adquirir predios en estas comunidades para colocar cerros de jales, con la complacencia de las autoridades.

Los jales fueron colocados cerca de casas cuyas escrituras datan, en la mayoría de los casos, de finales del siglo XIX y principios del XX, lo que demuestra que esos inmuebles se encontraban construidos 80 o 90 años antes de que empezara el traslado de los jales, dijo Rojas.

Uno de los primeros estragos que los 5 mil vecinos de San Miguel comenzaron a resentir con la aparición de los jales fue la paulatina falta de agua, aparentemente por el uso del líquido del subsuelo para la extracción de metales de las enormes rocas que son trituradas en las plantas de beneficio, que además de arrojar humo emiten ruidos ensordecedores la mayor parte del día.

Para abastecerse de agua, y por temor a enfermar, los vecinos compran pipas y garrafones.

Además, poco a poco se va acabando la agricultura, ya que la tierra ya no rinde lo mismo por la contaminación de los jales, lamentó Nicolás, de 70 años, quien ha vivido en la región desde su niñez.

Rojas advirtió que si las autoridades no suspenden la construcción de la presa de jales y obligan a las empresas a paliar la contaminación podría estallar un conflicto social de grandes proporciones.