Con los plazos vencidos para su aprobación, la nueva ley general de archivos permanece varada en el Congreso. Algunos actores insisten en que es urgente saldar este rezago, por su estrecha vinculación para apuntalar la Ley General de Transparencia y porque se ve como la oportunidad de conocer la verdad de importantes hechos ocurridos en el pasado, como la guerra sucia.

Puntualizan que es la oportunidad de saldar un punto medular: el tratamiento dado a los archivos históricos, asociados inevitablemente por especialistas, al cierre de la Galería número 1 del Archivo General de la Nación (AGN), bajo el argumento de la protección de datos personales

Detrás de “un argumento técnico está un enfoque político, porque todos esos documentos se refieren a la guerra sucia y que ahora (con la Ley Federal de Archivos) los investigadores ya no pueden acceder de manera directa con el cierre de la Galería 1”, sostiene Justine Dupuy, responsable de transparencia en Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Es un momento para reabrir el debate sobre la definición y el tratamiento de los archivos confidenciales y lo relacionado con los movimientos sociales del pasado, lo que derivó en la aprobación de la ley federal en la materia.

Para Francisco Javier Acuña, responsable de la comisión relacionada con archivos y gestión documental del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Públicos (Inai), hay un sentido de urgencia en que el Congreso apruebe esta ley, no sólo para disipar polémicas en torno al manejo de los archivos históricos, sino también porque es parte de una tríada que se desprende de la reforma constitucional, vinculada al éxito de la Ley General de Transparencia y la viabildiad que se le confiera al Sistema Nacional de Transparencia.

“Sin duda la polémica sobre el manejo de los archivos históricos, ligada al acceso a la información de la Galería 1, forma parte de las preocupaciones y exigencias sociales, por lo que es necesario completar el círculo, pero también –subraya– hay otros temas que al Inai le parecen fundamentales, como la definición de esquemas hacia el manejo de los archivos a futuro, en la etapa digitalizada.”

Hay que garantizar una transición adecuada, sostiene, pues existen preocupaciones en torno a este procesamiento, pues mucha información guardada en algunos formatos de difícil convertibilidad podría perderse o ser muy costosa su recuperación, lo que demanda anticipar esquemas a futuro.

La polémica

Con 10 años de retraso en relación con la primera ley de trasparencia, la Fey Federal de Archivos aprobada en 2012 desató su primera polémica porque derivó en un cambio sustancial en las políticas del AGN, en relación con los fondos documentales de la guerra sucia y otros movimientos, con el argumento de la protección de datos personales. Esto es, se estableció el esquema de archivos históricos con datos confidenciales o sensibles.

Recientemente la organización Artículo 19 promovió un amparo en contra del cierre del acceso a archivos, entre otros aspectos, porque atenta contra el acceso a la información y contradice disposiciones de la ley en la materia que, entre otros aspectos, establece que no podrá reservarse la información relacionada con violaciones graves a derechos humanos y delitos de lesa humanidad, que es el caso.

En su alegato jurídico, Artículo 19 cuestiona el papel asumido por el Archivo General de la Nación para ordenar el cierre de esta información pues, de acuerdo con las nuevas disposiciones en materia de transparencia y derechos humanos, el AGN debería en realidad maximizar la protección del acceso a la información y de los datos personales con parámetros internacionales.

Dupuy cuestiona los esquemas actuales en el manejo de esos archivos, “pues son operados directamente por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), cuando debería corresponder, en su caso, a la Secretaría de Gobernación.

Es el Cisen el encargado de definir el tipo de versión pública que se entrega sobre información relacionada con la guerra sucia”, con el esquema actual de que se trata de archivos históricos confidenciales.

La especialista señala que está claro que hay un asunto técnico, relacionado con la protección de datos personales, pero el manejo que se le ha dado detonó la inconformidad de los investigadores sobre este periodo.

Eduardo Bonilla, director general de gestión de la información y estudios del Inai, señala que en materia de archivos históricos habría que ponderar aquellos que contienen datos sensibles para la persona o sus familiares hasta en cuarto grado (como referencias clínicas siquiátricas), que no necesariamente quieren que se difundan. Existen criterios ya establecidos en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su manejo, que deberían prevalecer en la nueva legislación para definir los alcances que tendrá en la normatividad mexicana y adoptar las mejores prácticas internacionales.