Las empresas multinacionales que llegan a México, que ganaron apenas una licitación y aún no han puesto la primera piedra de su planta productiva, enfrentan ya el emplazamiento a huelga de un sindicato, cuando ni siquiera han contratado trabajadores. Los gremios detentan un membrete otorgado por la autoridad laboral, que en realidad es una patente para extorsionar a estas compañías.

Las grandes empresas de la industria de la construcción en México consideran en sus proyectos un costo adicional entre 15 y 20 por ciento por el pago de esta extorsión de los sindicatos. Se trata de un negocio de miles de millones de pesos que involucra a muchas personas.

Así lo señalan directivos de la firma de asesoría laboral de multinacionales, Little, De la Vega y Conde. Afirman que sindicatos de todos los colores están a la caza de las firmas que van a abrir operaciones y de inmediato los emplazan a huelga, antes de que incluso tengan trabajadores, para de esta forma venderles un contrato colectivo de protección y cobrarles lo que prácticamente es una extorsión por este servicio.

En entrevista, Óscar de la Vega, socio director de esta firma y covicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés) detalló que para las empresas el pago de esta protección significa un costo elevado, hoy día incluso hay bloqueos de empresas por parte de sindicatos inactivos o de protección, que no las dejan operar hasta que firmen la titularidad de su contrato colectivo de trabajo.

Normatividad, sin aplicar

Óscar de la Vega detalló que las autoridades laborales tienen herramientas legales para cerrar la puerta a los sindicatos blancos, pero no aplican la normatividad. Agregó que si se interponen denuncias la autoridad penal argumenta que no le corresponde y las Juntas de Conciliación y Arbitraje dicen que se trata únicamente de emplazamientos a huelga. Hay una altísima corrupción en este tema, denunció.

El experto expuso que las autoridades tienen la posibilidad de cerrarle la puerta a esta extorsión que llevan a cabo los sindicatos de protección, ya que conforme la reforma laboral, en el artículo 927 fracción II de la Ley Federal de Trabajo, establece que es un requisito básico para dar trámite a un emplazamiento a huelga, que comparezcan los trabajadores que han presentado este recurso, no el apoderado sindical, no los representantes, no los dirigentes, sino los empleados de la compañía que legitimen que se emplace a la firma al cierre de actividades, de lo contrario se archiva el expediente.

Si se cumpliera este requerimiento legal se podría avanzar en cerrarle la puerta a estos contratos de protección, porque ya no habría empresas forzadas a firmar la titularidad con sindicatos que venden sus servicios.

Afectados, todos los sectores

Este tipo de sindicalismo ha permeado todos los sectores, afirmó De la Vega, y sostuvo: “No se te ocurra construir tu casa, porque te caen representantes de un sindicato que te amenazan con que tienen que afiliarte al mismo y firmar un contrato para que no te emplacen a huelga.

A nadie le importa si los trabajadores tienen o no medidas de protección, seguridad, sólo te exigen que les pagues las cuotas que ellos mismo establecen. ¿Cómo se llama eso si no extorsión?

El especialista resaltó que para las empresas –que en su gran mayoría son pequeñas y medianas– el sindicalismo de protección representa un alto costo, pero sobre todo a las multinacionales les significa ir en contra de sus políticas internacionales y les pesa incumplir convenios, como el 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre libertad sindical.

Óscar de la Vega agregó que ya no hay vuelta a atrás en el tema de la transparencia sindical, porque así lo exigen las nuevas relaciones laborales, y México debería dar una buena señal con la ratificación del convenio 98 de la OIT para promover una auténtica negociación colectiva, el cual armoniza con el 87 sobre libertad de asociación que ya firmó.

Enfatizó que a la fecha no ha conocido ningún dirigente sindical pobre.