Ciudad Juárez, Chih.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación al presidente municipal, Enrique Serrano Escobar, para que en sesión de cabildo se discuta indemnizar a familiares de Miguel Ángel González Parra, de 41 años de edad, quien fue torturado y estrangulado por dos agentes municipales.

La CEDH informó que el homicidio fue perpetrado en mayo de 2013, cuando elementos de la secretaría de seguridad pública municipal –entonces a cargo de Julián Leyzaola Pérez– privaron ilegalmente de la libertad a Miguel Ángel González, quien fue localizado sin vida en la Sierra de Juárez, a un costado del Periférico de Camino Real. Según el peritaje, González Parra murió de asfixia, tras haber sido sometido a una severa tortura.

En respuesta, Leyzaola Pérez detuvo a los agentes preventivos a cargo de la patrulla P-467, Sidar Alejandro Delgado Acevedo y Santiago Yáñez Briano. Óscar García Calderón, quien también habría participado, sigue prófugo.

Delgado Acevedo y Yáñez Briano confesaron haber matado a Miguel Ángel González, y fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado acusados de homicidio agravado y abuso de autoridad.

Los familiares de González Parra presentaron una queja ante la CEDH el 13 de mayo de 2013. El organismo pidió al presidente municipal que se sancione a los policías implicados y que se repare el daño ocasionado.

También exigió al edil que ordene aplicar medidas administrativas que garanticen que no vuelvan a ocurrir atropellos similares, así como dar seguimiento al asunto en el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral previsto en la Ley General de Víctimas, y que se le remitan las constancias que acrediten su cumplimento.

En tanto, el estudiante Julián Contreras Álvarez y el activista Antonio Muñoz Quintana presentaron ante la FGE sendas denuncias por hostigamiento de grupos armados, el primero en Camargo y el segundo en Ciudad Juárez.

Julián Contreras narró que dos supuestos agentes ministeriales lo visitaron en su casa, en Ciudad Juárez, y lo interrogaron, con el argumento de que una estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez lo acusó de obligarla a votar por el partido Morena en las elecciones de junio pasado. A su vez, Antonio Muñoz sostuvo que presuntos agentes ministeriales intentaron secuestrarlo frente a la clínica donde labora de pasante de medicina, en la comunidad El Porvenir, municipio de Camargo, pero pobladores impidieron el plagio.