a Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió ayer un expediente para investigar el involucramiento de las fuerzas armadas en los hechos de hace dos días en Aquila, Michoacán. En ese municipio costero, dos menores perdieron la vida y varias personas resultaron heridas en un ataque del Ejército contra comuneros de Ostula que protestaban contra la detención de Semeí Verdía Zepeda, líder de las autodefensas de las regiones Costa-Sierra, efectuada el mismo domingo 19 por la mañana.

La seriedad que reviste este suceso se agrava por cuanto no constituye un hecho aislado: ayer mismo, la CNDH anunció el inicio de pesquisas en torno a los sucesos del 7 de julio en Calera, Zacatecas, en los que hay indicios de una probable participación de personal militar en la desaparición de siete jóvenes, según un comunicado emitido por la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esos episodios se suman a la masacre perpetrada en Tlatlaya el 30 de junio de 2014, que dejó un saldo de 22 personas muertas, la mayoría ejecutadas extrajudicialmente. Lo ocurrido en esa localidad mexiquense guarda similitudes con los presuntos enfrentamientos entre fuerzas federales y miembros del crimen organizado en Apatzingán y Tanhuato, en enero y mayo de este año, y ello ha dado pie a reclamos de organizaciones humanitarias y de familiares de las víctimas para esclarecer si los efectivos incurrieron en uso abusivo de la fuerza. Por lo demás, a casi 10 meses de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el pasado 26 de septiembre, sigue sin esclarecerse satisfactoriamente el papel de miembros del Ejército en los hechos.

Se trata, en suma, de una cadena de gravísimos incidentes de violaciones a los derechos humanos en los que la constante es la participación, en mayor o menor grado, de efectivos militares. Semejante perspectiva vuelve a poner en relieve el carácter contraproducente de la decisión gubernamental de involucrar a los elementos castrenses en tareas de seguridad pública que les son ajenas y que configuran, según puede verse, un factor de riesgo para la población y para la propia institucionalidad militar. A fin de cuentas, episodios como los referidos ponen en entredicho la función de salvaguarda del estado de derecho que deben cumplir las instituciones policiacas y castrenses.

Ayer, en un acto oficial en Tlapa, Guerrero, el presidente Enrique Peña Nieto hizo eco de la postura emitida anteriormente por el titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos, y dijo que algunos se empeñan en manchar el esfuerzo que realizan las fuerzas armadas. Tal declaración es desafortunada, porque el deterioro de la imagen y la credibilidad de esas corporaciones –que constituyen uno de los pilares de la institucionalidad republicana– no es causado por quienes denuncian actos violatorios de los derechos humanos, sino por la repetición de acontecimientos lamentables como los enlistados.

Para restañar plenamente la confianza ciudadana en las fuerzas armadas, es pertinente y necesario el esclarecimiento de los hechos referidos, la aplicación de las sanciones a que haya lugar y el pleno respeto de los derechos humanos. En la medida en que esto se logre, las instituciones castrenses del país saldrán fortalecidas. Por lo contrario, la impunidad, en circunstancias tan graves como las actuales, causaría un daño irreparable a su prestigio y la legitimidad.