uiero dejar constancia de que la sección 22 del sindicato de maestros de Oaxaca no es de mi simpatía. No me gustan sus estrategias ni los privilegios de que gozan sus dirigentes, que no sus maestros de base, quienes están por debajo de la situación de sus compañeros de gremio en otros muchos estados de la República. Pero no nos confundamos.
Lo que ha hecho el gobierno de Peña Nieto, y que nunca se atrevió a hacer el de Gabino Cué, es un golpe semejante al que dio Felipe Calderón al Sindicato Mexicano de Electricistas con la desaparición de Luz y Fuerza del Centro.
Se podría decir, y así lo han dicho varios comentaristas, que los de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación (CNTE) provocaron la conversión del Instituto de Educación Pública de Oaxaca en otro ahora bajo el supuesto control del estado (en realidad, del gobierno federal). Ciertamente la estrategia seguida por la CNTE en varias entidades, especialmente en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, no parece haber sido la mejor para un entendimiento con las autoridades correspondientes, ni para mucha gente que se ha visto afectada (sin deberla ni temerla) por sus acciones, pero la famosa reforma educativa (que mucho ha tenido de laboral) no es lo que requiere México como país soberano que se supone es. No para mejorar realmente la educación básica y media del país.
Uno de los problemas de algunas secciones de la CNTE, comenzando por la 22 de Oaxaca (no de la 59), es que contaban con un régimen de excepción en el marco de la Ley Federal del Trabajo, por encima de los derechos que otorga ésta. ¿Por qué una organización gremial podía estar por encima de la ley que en teoría rige por igual las relaciones laborales de todos los trabajadores en nuestro país? Porque al gobernador Heladio Ramírez (en 1992) y a sus sucesores les convino para sus fines políticos en el interior del estado. De más estaría decir que la CNTE no ha sido en todo momento tan beligerante como lo es ahora, y menos cuando el gobierno en turno les repartía, por debajo de la mesa, ciertas prestaciones a sus líderes, por lo menos hasta el surgimiento de la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), en 2006, que empezó, como se recordará, porque dichas prestaciones (no todas legales) dejó de suministrarlas el gobernador de triste memoria Ulises Ruiz. Lo que comenzó como una protesta de la sección 22 se convirtió en muy poco tiempo en la suma de decenas de organizaciones populares solidarias (así surgió la APPO) y la brutal represión gubernamental que todos conocimos.
La reforma educativa del gobierno peñista, como es frecuente en los gobiernos de corte tecnocrático y entreguistas que hemos padecido desde López Portillo, ha sido determinada por los organismos internacionales hegemonizados por el capital mundial y sus intereses. Son los mismos que desde el gobierno de Miguel de la Madrid, y especialmente con Salinas de Gortari y Zedillo, se han querido extender a todo el sistema educativo para favorecer a las escuelas privadas, incluso de nivel universitario. Lo quisieron hacer incluso con la UNAM en 1999 (y antes en 1986), pero no lo lograron gracias a la resistencia de muchos de sus estudiantes y profesores. Hay documentos que demuestran que los que planearon la privatización de la educación universitaria (que no quiere decir vender las universidades públicas, como algunos equivocadamente pensaron) citaban como argumentos de sustento las directrices sugeridas
por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos); es decir, el ajuste de la educación al neoliberalismo en la globalización y la subordinación de la educación en todos sus niveles no sólo a esa ideología sino a las conveniencias de los intereses del capital y del mercado.
Sí es cierto que la educación en México requiere muchas reformas, pero no precisamente la pergeñada en el gabinete de Peña Nieto sin consulta con las partes involucradas, principalmente los maestros.
El golpe federal, secundado por el vacilante gobernador oaxaqueño, se hizo, como era previsible, en vacaciones escolares. Pero me temo que el gobierno, los gobiernos correspondientes (más allá de Oaxaca), están subestimando la posible respuesta de los maestros afectados, incluso de aquellos cuyos líderes son menos cuestionados que los de la sección 22 de la CNTE.
El gobierno de Peña y sus colaboradores parecen ignorar su creciente impopularidad y la mala fama que se han ganado por su ineficiencia, pero lo temible de este juego del avestruz con la cabeza en la arena es que aumenten los controles
de tipo represivo contra la protesta social y minen todavía más la vacilante democracia que hemos alcanzado. Y mientras, los niños en edad de estudiar, navegando entre Escila y Caribdis.
