etenta días después del citatorio original para que aclare su responsabilidad en un presunto hecho delictivo, la ministra peruana de Energía, Rosa Ortiz, se mantiene cómodamente sentada en espera de que Germán Larrea (el de Pasta de Conchos) acuda –si algún día lo hace– ante la autoridad judicial de ese país, con el fin de que rinda su declaración en torno al pago de dádivas a ciertos líderes opositores y así destrabar su multimillonario proyecto minero (Tía María) en aquella nación, el cual es rechazado abierta y tajantemente por los pobladores de la provincia de Islay, Arequipa, ubicada cerca de la frontera boliviana, y que a la fecha sólo ha provocado irritación social, represión y la muerte de varias personas.

Oficialmente citado desde el pasado 13 de mayo, el tóxico empresario cuenta con el descarado apoyo del presidente peruano, Ollanta Humala, el mismo que en su campaña electoral se pronunció totalmente en contra de Tía María. ¿Cómo fue que el ahora mandatario dio un giro de 180 grados? Nadie sabe, aunque todos lo suponen, pero el hecho es que dicho político echó la tropa en contra de los pobladores que rechazan el contaminante proyecto de Tía María y declaró estado de emergencia en Islay por un periodo de 60 días, a partir del 23 de ese mismo mes.

Dicho plazo venció ayer, y el gobierno de Humala decidió no prorrogar el estado de emergencia, pero sí la estancia de la tropa en la zona para que continúe con su labor de apoyar a la Policía Nacional del Perú en el mantenimiento del orden público y la protección de infraestructura en la zona, de acuerdo con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Así es, mientras la autoridad judicial espera que algún día el barón comparezca, el ejército de aquel país ha sido puesto al servicio de Larrea y la policía resguardará el orden público.

Por lo anterior es previsible que los enfrentamientos en aquella región peruana no sólo vuelvan a ser el pan de todos los días (como sucedió en meses previos, con saldo de cuatro muertos (tres civiles y un policía), y decenas de heridos y detenidos), sino que sean más intensos y con saldo aún más lamentable. Pero el gobierno de Humalla se mantiene sordo ante el reclamo popular y hace hasta lo impensable para que el barón Larrea se salga con la suya, algo que, por lo demás, en México es norma.

Lo anterior no obstante al abierto cuan creciente repudio de la población que ha denunciado que la empresa Southern Perú, filial de Grupo México, propiedad de Germán Larrea, ha presentado estudios de impacto ambiental totalmente amañados, a tal grado que el primero de ellos fue rechazado por contener 138 irregularidades, aunque el segundo –sin corregir prácticamente nada– fue rápidamente avalado por el gobierno peruano.

En este contexto, el diario El Comercio de Perú publicó que “durante 20 días un equipo de investigadores de la asociación civil Labor –institución dedicada a estudios y proyectos sobre gestión ambiental en el sur del país– realizó un trabajo de campo en la provincia de Islay para conocer la percepción de la población respecto del proyecto minero Tía María, cuyo desarrollo por la empresa Southern Perú se mantiene ‘en pausa’ desde mediados de mayo de este año, luego de más de dos meses de protestas.

Uno de los datos más resaltantes que arroja el estudio es que 87 por ciento de los encuestados dice estar de acuerdo con que una institución independiente revise el estudio de impacto ambiental del proyecto minero, pues consideran que no existe imparcialidad en los organismos del Estado. Como se recuerda, el primer EIA del proyecto tuvo 138 observaciones y el segundo sí fue aprobado por el Estado. Sin embargo, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, planteó meses atrás contratar un organismo internacional para que analice los estudios ambientales y la viabilidad del proyecto minero.

En este tenor, revela el rotativo, “el alcalde de Islay, Richard Ale Cruz, advirtió que apenas se levante el estado de emergencia en la provincia, él encabezará una nueva protesta contra el proyecto minero Tía María. Responsabilizó al proyecto de la empresa Southern de causar la intervención de la contraloría en la provincia de Islay, lo que llevó al congelamiento de las cuentas municipales. ‘Antes de que pidan mi revocatoria por ineficiente, prefiero que me vaquen por protestar contra Tía María’”.

La empresa del barón de la minería ha detallado que el proyecto Tía María “se concluirá en la primera mitad de 2017 con una inversión de aproximadamente mil 400 millones… que espera genere 3 mil 500 puestos de trabajo durante la fase de construcción. Cuando esté en operación, Tía María empleará directamente a 600 trabajadores e indirectamente a otros 2 mil. A lo largo de sus 20 años de vida útil esperados, los servicios afines al proyecto crearán oportunidades significativas de negocios en la región de Arequipa. El proyecto Tía María incluye varias concesiones mineras, que totalizan 33 mil hectáreas”.

Sólo para destacar que en todas partes se cuecen habas, vale recordar que en uno de sus cierres electorales (7 de abril de 2011), precisamente en Islay, el entonces candidato Ollanta Humala aseguró que si salgo electo a la Presidencia de la República no será por Tía María (Grupo México); no va a ser por los dueños de Tía María (Germán Larrea), sino por los electores de la zona territorial donde se encuentra el proyecto minero, y se pronunció abiertamente en contra (el gobierno y los políticos tradicionales) de quienes creen que la riqueza “le pertenece a un puñado de multinacionales, que le pertenece a unas cuantas empresas y no le pertenece al pueblo peruano. Nosotros vamos a reducir los conflictos sociales, vamos a derrotar los conflictos sociales a través del diálogo, y haremos valer la licencia social. Las inversiones mineras tendrán la obligación de dialogar con la población… Vamos a restablecer la paz social en Perú”.

Ya en ejercicio de la Presidencia, Humala sólo ha favorecido al barón Larrea y criminalizado la protesta de los afectados por el proyecto de Tía María, de tal suerte que las similitudes con el caso mexicano ni lejanamente son coincidencias.

Las rebanadas del pastel

Lo dicho: récord tras récord, y no se trata de un “mito genial: ayer el billete verde se vendió en 16 mil 400 devaluados papelitos del Banco de México (lo de 16.40 que se lo crean Salinas y Aspe), mientras la retiquetación de precios agarra vuelo.

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