Existe un patrón de violaciones graves y generalizadas a los derechos humanos en las casas e instituciones de asistencia a niños y adultos con discapacidad mental en la ciudad de México, señala el informe de Disability Rigths International (DRI).

Titulado Sin justicia: tortura, trata y segregación, el reporte, resultado de una investigación de dos años, indica que en claro incumplimiento a las obligaciones del país bajo la normativa internacional de los derechos humanos, México no proporciona ningún tipo de apoyo a adultos con discapacidad para que puedan vivir como parte de la comunidad.

Pese a que no han cometido ningún delito, niños y adultos con discapacidad se encuentran encerrados y segregados de la sociedad. En la ciudad de México, tener una discapacidad puede significar una sentencia de cadena perpetua en condiciones de detención abusiva, señalaron directivos de DRI, acompañados por representantes de organizaciones civiles y de derechos humanos.

En conferencia de prensa, se denunciaron casos específicos, como el de la Casa Hogar Esperanza para Débiles Mentales, con tolerancia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en el DF, personal de esa institución esterilizó sin su consentimiento y abusó sexualmente de al menos cinco pacientes.

Humberto Guerrero, director ejecutivo para México y Centroamérica de DRI, informó que ya se interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del DF, por estos hechos cometidos contra cinco mujeres.

El informe revela la existencia de una lista negra elaborada por autoridades de la ciudad de México, la cual contiene información de instituciones para niños y adultos con discapacidad que son potencialmente abusivas y que, pese a ello, se permite que continúen operando sin ninguna supervisión.

Raquel Jelinek, de la Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, señaló que a pesar de que se han logrado cerrar algunos espacios como este, la realidad es que el país no tiene ni ha construido alternativas de una vida digna para este sector de la población.