El Consejo Regional de Autoridades Agrarias por la Defensa del Territorio y en Contra de la Minería y de la Reserva de la Biósfera en la Montaña y Costa Chica de Guerrero exigió la cancelación de todas las concesiones mineras que han sido entregadas en esas regiones, las cuales afectan a cuando menos 13 municipios y a más de 250 mil habitantes.

Además, denunciaron que el Registro Agrario Nacional ha asumido una actitud cómplice con las grandes empresas al negarse a inscribir las actas de asambleas donde reiteradamente se ha rechazado la actividad minera en la región, con lo cual, dijeron, se violentan los procesos de consentimiento previo, libre e informado, derecho de las comunidades.

Impugnan proyecto de reserva de la biosfera

En conferencia de prensa, en el Centro Pro de Derechos Humanos, una veintena de representantes de diversas comunidades y núcleos ejidales también denunciaron la pretensión del gobierno federal de imponer una reserva de la biosfera en esa región de la Montaña y Costa del estado, lo cual prohíbe el desarrollo de las actividades de subsistencia en parcelas de siembra y zonas de pastoreo, mientras a las empresas mineras les proporcionan todas las facilidades para hacer exploración.

Integrantes del consejo señalaron que por el momento las empresas sólo realizan acciones de exploración en la zona, donde presumiblemente existen ricos yacimientos de plata. Ha trascendido, dijeron, que los plazos de las concesiones son hasta por 30 años, con las consecuencias de contaminación y uso de agua.

Hasta el momento se tienen datos que las concesiones mineras abarcan 157 mil hectáreas, de las 700 mil que integran la región. Las empresas que ya hacen trabajos de exploración y explotación son Hochschidl Mining, Vendome Resources Corp., Camsin Minas y Minera Zalamera.

En nombre del consejo, Marciana Rojas Arriaga, comisaria municipal de San José Vistahermosa, leyó un manifiesto, resultado de las asambleas de las comunidades agrarias, en el que se oponen totalmente al saqueo que con las “reformas estructurales y la ley minera pretenden legalizar el gobierno federal.

Nos oponemos a que sean los de siempre quienes, enfermos de su insaciable acumulación de riqueza, sigan siendo más y más poderosos, a quienes les importa poco o nada lo que suceda a nuestras familias y a la naturaleza, señala el documento dirigido al presidente Enrique Peña Nieto y al Congreso de la Unión.

Aclararon que hasta ahora se trata de acciones preferentemente de exploración; sin embargo, acotaron, cada vez es más notorio ver tanto camionetas como personal de las empresas en la zona. Nuestro rechazo lo expresamos desde ahora, para que luego no se digan sorprendidos y pretendan acciones represivas contra el pueblo, dijo Apolonio Cruz Rojas, integrante del consejo.