Madrid.

En plena tensión por el proceso soberanista impulsado en la región de Cataluña, el rey Felipe VI destacó ante el presidente del gobierno catalán, Artur Mas, que respetar la ley es la fuente de legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia democrática en paz y en libertad, durante una ceremonia de entrega de despachos a una nueva promoción de jueces.

Estas declaraciones llegan en un momento en que Mas prevé celebrar, el 27 de septiembre, elecciones regionales centradas sobre la cuestión de la independencia de Cataluña.

A pesar de que parecía que los partidarios de la independencia perdían terreno debido a sus divisiones internas lograron llegar a un acuerdo y el lunes presentaron una lista única que reúne a nacionalistas conservadores, izquierda independentista y personalidades de la sociedad civil cuyo único programa será la puesta en marcha de un proceso de separación con el objetivo de lograr la secesión de esa región noreste de España en 18 meses.

El anuncio volvió a causar una avalancha de declaraciones del gobierno conservador de Mariano Rajoy, que advirtió: no va a haber independencia de Cataluña, y aseguró que empleará los medios legales necesarios para evitar que cinco siglos de unión se rompan de esta manera.

El rey Felipe VI ha multiplicado sus desplazamientos a la región, en lo que parece una estrategia del gobierno para ganarse a los 7 y medio millones de catalanes, de los que casi 40 por ciento desean la independencia, según los sondeos.

Rajoy y sus ministros también han multiplicado sus viajes a la región.

Preocupación en la ONU por ley mordaza

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por los posibles efectos que la recién aprobada ley de Seguridad Ciudadana, mejor conocida como ley mordaza, pueda tener sobre la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

La ley que entró en vigor el pasado 1º de julio requiere, entre otras disposiciones, que las autoridades aprueben llevar a cabo cualquier manifestación o protesta pacífica.

El comité manifestó su preocupación por el uso excesivo de sanciones administrativas contenidas en la ley, las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales, establecidas en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en 1977 y por cuya aplicación vela este órgano de la ONU.