Huntington Beach, California.

El jueves pasado los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley que busca castigar a las ciudades santuario, que se niegan a compartir información con las autoridades federales de migración, iniciativa que la Casa Blanca amenazó con vetar.

Aunque la iniciativa no aborda específicamente el tema de la liberación de migrantes buscados por autoridades federales para su deportación, los republicanos están promoviendo otra propuesta para hacerlo.

La votación se produjo después de que el precandidato presidencial republicano Donald Trump arremetió contra la migración ilegal en actos de campaña.

Mientras, la ciudad de San Francisco, notablemente liberal, se ha declarado refugio para todos los migrantes, independientemente de su situación jurídica. Otras ciudades y condados, que han dejado de detener a indocumentados para entregarlos al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), son políticamente conservadoras y no buscan proteger activamente a esas personas de la deportación.

El frase ciudad santuario se ha vuelto grito de guerra para los republicanos conservadores que buscan que las leyes estadunidenses en la materia sean más severas. Etiquetan a esas urbes y condados de refugios para quienes residen ilegalmente en el país.

La realidad detrás de esas ciudades es variada. Aunque algunas autoridades locales buscan activamente esquivar las políticas federales de migración, otras se niegan a hacerlas cumplir, no por alguna obligación moral hacia los migrantes, sino porque simplemente tienen miedo de ser demandadas.

El debate sobre cómo debe lidiar el gobierno federal con las autoridades locales que no cooperan con responsables de migración alcanzó un punto delicado el primero de julio, cuando Kathryn Steinle fue asesinada a tiros en un muelle de San Francisco, aparentemente por un indocumentado, quien fue excarcelado a pesar de que el ICE lo había deportado seis veces.

El verano pasado la ciudad de Huntington Beach, California, predominantemente blanca y republicana, dejó de cumplir las solicitudes de detención provisional por razones legales.

Un fallo de una corte federal en Oregon dictaminó que las órdenes de detención de migrantes –piden a policías locales arrestar a sospechosos de vivir ilegalmente en Estados Unidos durante un máximo de 48 horas– no eran razón suficiente para mantener preso a alguien.

No tenemos ninguna política ni nada que prohíba a nuestros agentes interactuar con el ICE. Simplemente seguimos la ley, dijo el jefe de policía Robert Handy. Añadió que sus uniformados no suelen preguntar a los residentes sobre su estatus migratorio, porque eso no tiene relación con sus casos, no porque estén protegiendo a alguien.